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La Contraloría General de la República informó que el costo de la corrupción y la inconducta funcional durante el 2023 habría alcanzado un valor aproximado de S/24.268 millones, lo que significó el 12,7% respecto al presupuesto del sector público ejecutado durante ese año.
El contralor general, Nelson Shack, dijo que esta cifra refleja una tendencia decreciente respecto a mediciones del año 2022. Explicó que en el año 2019 la tasa de incidencia era de 14,9%; es decir, casi S/15,00 de cada S/100,00 se perdían por corrupción e inconducta funcional.
“En términos de dinero, antes perdíamos S/23.297 millones y en el 2023 hemos perdido alrededor de S/1.000 millones más, pero eso se debe a que han pasado cinco años más y el crecimiento del presupuesto ha sido muy significativo, entonces hay una tendencia decreciente y eso es indiscutible”, sostuvo Shack.
También precisó que del monto calculado para el 2023, aproximadamente, S/11.992 millones corresponden al Gobierno nacional, lo que significó un nivel de incidencia del 11,3%, seguido de S/7.615 millones a nivel de los Gobiernos regionales con una incidencia de 15,4% y S/4.660 millones registrados en los Gobiernos locales, cuya incidencia es de 13,1%.
Ranking de regiones
En el 2023, la región que registró una mayor incidencia de los efectos de la corrupción y la inconducta funcional ha sido el Callao, donde la pérdida estimada fue equivalente al 17,9% del presupuesto público ejecutado en dicha jurisdicción.
El segundo lugar fue para la región Tumbes con una incidencia de 17,5%, seguido de Ucayali (16,5%), Piura (16,2%), Áncash (16,2%), La Libertad (15,2%), Madre de Dios (15,0%), Huánuco (15,0%), Loreto (14,8%) y Apurímac (14,4%).
Presunta responsabilidad
Nelson Shack mencionó que como resultado de los servicios de control posterior realizados en el 2023 en todas las regiones del país se determinó que 9.338 funcionarios públicos del Gobierno nacional, Gobierno regional y Gobierno local tienen presunta responsabilidad en hechos irregulares que derivaron en casos de corrupción e inconducta funcional.
De ese total, existen 5.436 funcionarios únicos con presunta responsabilidad administrativa, 2.002 tienen responsabilidad administrativa sujeta al Proceso Administrativo Sancionador (PAS) de la Contraloría, 3.394 tienen responsabilidad civil y 4.030 tienen responsabilidad penal. Anotó que un mismo funcionario podría registrar más de un tipo de responsabilidad.
Agenda de control 2024
El titular de la Contraloría adelantó que el Plan Nacional de Control (PNC) aprobado para el presente año establece que la meta es ejecutar más de 50.000 servicios de control, de los cuales 38.200 servicios son de control simultáneo, 11.670 son de control posterior y 130 de control previo.
“Lo más importante aquí es que vamos a tener, por primera vez, una enorme cobertura. En el 2017, la Contraloría solo cubría el 27% de las entidades públicas, lo que significaba que más de las dos terceras partes de entidades públicas nunca recibían una visita o auditoría de la Contraloría. Ahora esa tasa de cobertura en el 2023 fue del 67% y en el 2024 va a ser 95%”, manifestó.
Adelantó que como parte del Plan Nacional de Control se tiene previsto ejecutar seis operativos de control en seguridad ciudadana, donde se supervisarán más de 1.400 entidades públicas como el Ministerio del Interior, comisarías, escuelas de la Policía Nacional del Perú (PNP), Gobiernos regionales y municipios (provinciales y distritales) y el operativo de Discapacidad e Inclusión Social.
Información sobre consultorías
Shack también se refirió a gastos en consultorías. “En términos de consultorías, estamos hablando de casi S/6.000 y S/7.000 millones que se gastan al año, y para tener una idea de la magnitud del monto, eso es casi la mitad de la brecha de pobreza que existe en el Perú”, refirió. Agregó que este gasto aumentó en casi 15% entre 2022 y 2023.
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