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El fiscal adjunto superior Mario Huamán aceptó el pedido de Dina Boluarte para reprogramar la toma de su manifestación y, en consecuencia, la mandataria declarará el martes 6 de junio, a las 9:00 a.m., en la investigación abierta por los crímenes cometidos por las fuerzas del orden durante las protestas, tal como fue ampliamente documentado en informes de la comunidad internacional y por medios periodísticos.
La resolución fue emitida este viernes y se deja constancia de que el cambio de fecha es atendido en virtud a una solicitud formulada por la defensa legal de la mandataria Dina Boluarte. (La fecha inicial de esta diligencia era el 31 de mayo).
El pedido de cambio fue presentado el mismo 24 de mayo, tras conocerse la citación para el 31 de mayo. En el documento, el abogado de Boluarte, Joseph Campos, explicó que para esta fecha ya se había programado el simulacro nacional multipeligro 2023 en todo el territorio nacional, con participación de la mandataria.
De momento, la defensa legal de Dina Boluarte no se ha pronunciado sobre la nueva fecha del 6 de junio.
Reprogramación desde marzo
La toma de la manifestación de Dina Boluarte se viene postergando desde el 7 de marzo pasado. Como se recuerda, en esta fecha la Procuraduría General del Estado solicitó participar en esta diligencia, pero el Ministerio Público rechazó el pedido.
Fue necesario un pronunciamiento judicial donde se le da razón a la procuraduría, pero aún así el Ministerio Público, bajo la gestión de la fiscal de la nación Patricia Benavides, se resiste a que pueda participar el organismo que ejerce la defensa del estado, razón por la cual surgió una apelación fiscal que esta pendiente de pronunciamiento en la Corte Suprema.
En reciente entrevista con La República, Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal, explicó que esta situación pone en riesgo el proceso de investigación, pues el 6 de junio la fiscalía podría tomar la manifestación de Dina Boluarte sin permitir la participación de la procuraduría y de los abogados que ejercen la defensa de los familiares de las víctimas.
Represión brutal
Si bien desde el Ministerio Público las investigaciones avanzan a paso lento, desde la comunidad internacional ya han surgido extensos informes, ampliamente documentados, que evidencia el uso desproporcionado de la fuerza pública, durante las protestas sociales realizadas en rechazo a Dina Boluarte y el Congreso.
Es el caso de Human Rights Watch que, luego de verificar imágenes de videovigilancia, informes balísticos y certificados de necropsia, entre otros documentos, concluyó que de las 49 de muertes por acción de las fuerzas del orden, al menos 39 fueron por impactos de bala y en 34 casos se verificó que los disparos fueron en partes superiores de los cuerpos de las víctimas.
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