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Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos envío un oficio, detallando la información sobre las muertes ilícitas en protestas, estigmatización, violaciones al debido proceso y otros.
La República tuvo acceso al documento que envió la oficina del alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos al gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, en el que se detalla la información recabada sobre las muertes ilícitas que se han registrado en las protestas contra la gestión de la actual mandataria y otros aspectos más.
En el documento se contextualiza todo lo ocurrido en el país desde que la jefa de Estado asumió la presidencia tras la vacancia de Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre del 2022. En esa línea mencionan que “se ha recibido información de que la situación de vulnerabilidad de personas del sector campesinos y de pueblos indígenas ha incrementado”.
Asimismo, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos mencionan el número de los fallecidos que se han registrado durante el estallido social en el Perú —basándose en datos de la Defensoría del Pueblo—, así como la declaratoria de Estado de Emergencia en distintas regionas del país que se efectuó desde diciembre del 2022.
“Esta declaratoria de emergencia generaría serias preocupaciones de la sociedad civil, que alegan que implican un alto riesgo de que se sigan perpetuando las alegadas violaciones a Derehos Humanos en el contexto de protesta social”, se lee en el oficio.
En otro momento, mencionan que han recibido información de que “los métodos utilizados por la fuerza pública habrían ocasionado ejecuciones extrajudiciales y detenciones suppuestamente arbitarias de manifestantes; así com se reportan torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de personas detenidas en las comisarías o bajo algún tipo de custodia”.
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