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‘¿Cómo hacer feliz al esposo?’ es el nombre de una de las conferencias ofrecidas por la ahora presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, quien en los últimos meses ha presentado tres proyectos de ley que atentan contra los derechos de las mujeres y niñas.
“Las mujeres vivimos, cada cierto tiempo, ataques a nuestros derechos. Es cíclico”, comenta Cecilia Reynoso, abogada especialista en derechos humanos y feminista.
Uno de estos ataques viene con fachada de proyecto de ley (Proyecto de Ley 06588), que declara de interés nacional el cambio de denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por el de “Ministerio de Familia, Infancia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad”.
Este proyecto ya se encuentra en dictamen y fue aprobado en la Comisión de la Mujer con 9 votos de las bancadas de Perú Libre, Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País y Alianza Para el Progreso, pese a que la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Mujer emitió una opinión no favorable respecto a esta iniciativa.
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Otro de los proyectos presentados por Aguayo es el que permitiría a los padres de familia decidir si sus hijos reciben o no cursos de educación sexual integral (ESI) en los colegios.
Para Ana Jara, exministra de la Mujer, estas iniciativas son parte de una ofensiva “conservadora” que pretenden retroceder en contra de las políticas públicas que buscan empoderar a las mujeres y las niñas.
“Hay una marcada ofensiva conservadora desde quienes tienen la capacidad de decisión, es decir, desde quienes tienen facultades legislativas y pueden legislar en contra de planes nacionales que buscan empoderar a sectores vulnerables, en este caso las niñas y las mujeres”, señaló la exministra.
Por su parte, Gloria Montenegro, exministra de la Mujer, mostró su indignación por estas iniciativas y remarcó que se podría considerar cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer cuando los alarmantes niveles de violencia de género hayan desaparecido.
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“Podría cambiarse cuando ya no haya violadores. Podemos cambiar al ministerio de la Familia cuando la cultura machista haya cedido a tal punto que todos en la casa nos comprometemos con las tareas de cuidado, con las tareas del hogar y cuando la mujer tiene tantas oportunidades como el hombre para trabajar, estudiar, para ganar lo mismo que el hombre”, indicó.
Cabe señalar que, según cifras de la Defensoría del Pueblo, en 2023 se reportaron un total de 150 feminicidios, que superan los 137 casos del 2022. Por lo que, por el momento, las cifras indican que la violencia contra la mujer está lejos de desaparecer.
“Hay que alertar a la población de este tipo de iniciativas”
La abogada Cynthia Silva alerta sobre este tipo de iniciativas que implican un “retroceso” en la lucha por la igualdad, así como en contra la discriminación de la mujer y poblaciones vulnerables.
“Especialmente en nuestro país, privar a las niñas y niños de la educación sexual los pone en un grave riesgo de vivir violencias normalizadas”, manifestó.
Por su parte, Cecilia Reynoso advirtió que estos proyectos de ley buscan “controlar la vida y el cuerpo de las mujeres”.
“Estas arremetidas de los sectores más conservadores que intentan, en un Estado que debería ser laico, hacer prevalecer sus creencias frente a los derechos. Estamos en un Estado laico que debería garantizar acceso a educación y acceso a información de todos y todas, y no restringir el acceso a la información atendiendo a las creencias más religiosas de padres y madres”, agregó Cecilia.
Congreso: leyes aprobadas que atentan contra los derechos de las mujeres
El avance de estas iniciativas es alarmante, pero el silencio del Ejecutivo lo es aún más. Hasta el momento, solo en los últimos dos meses, se aprobaron y promulgaron dos leyes que implican un retroceso en la lucha por la igualdad de género y por el derecho a decidir.
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La Ley 32000, que protege el embarazo de la madre gestante, del niño por nacer y su entorno familiar, dificulta el acceso al aborto terapéutico, que ya es legal en el Perú.
Asimismo, la cuestionada Ley 32003 que elimina el lenguaje inclusivo de los textos escolares. A pesar de que el Ejecutivo presentó observaciones, el Parlamento la aprobó por insistencia.
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