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Miembros del equipo de seguridad del contralor general de la República, Nelson Shack, detectaron la presencia de personas extrañas que desde dos vehículos estacionados cerca de su residencia en La Molina, vigilaban los movimientos de la autoridad. También divisaron un dron, aparentemente operado por los mismos sujetos, que tomaba vistas de la vivienda ubicada en la calle Lido. Cuando los agentes verificaron las placas de los automóviles sospechosos, detectaron que estaban a nombre de una empresa vinculada con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), que depende directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
La Oficina de Seguridad y Defensa Nacional de la Contraloría emitió un informe en el que detalla el incidente, registrado el 24 de octubre de 2023, desconocido hasta la publicación de este reportaje. Se indica que las placas de los vehículos sorprendidos cerca al inmueble de Shack, CBY270 y CBX473, pertenecen a la compañía Negocios y Servicios de Alquiler SAC. Esta firma está bajo control de Walter de La Torre Cueto, funcionario de Contrainteligencia de la DINI.
De acuerdo con fuentes con conocimiento directo del caso, manifestaron que el contralor Nelson Shack informó del grave caso al exprimer ministro Alberto Otárola, ya que, como se ha indicado, la DINI es un organismo subordinado a la PCM. Sin embargo, Otárola se fue del gobierno sin haber esclarecido el caso. Este diario solicitó a Otárola, por intermedio de su abogada Grace Fernández Ortega, si es que solicitó a la DINI una explicación de por qué supuestos agentes de inteligencia vigilaban al contralor Shack. Pero no se obtuvo respuesta.
Al conocer el caso de espionaje, La República hizo un seguimiento investigativo para determinar el origen de la operación contra Nelson Shack. Consultó con fuentes de la DINI durante la gestión del exdirector, general PNP (r) Roger Arista Perea -en cuyo mandato se produjo el incidente-, y del actual director, Luis García Barrionuevo, quien asumió el 21 de enero de este año. Las fuentes coincidieron en señalar que, efectivamente, los vehículos mencionados son de la DINI.
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Pero precisaron que cuando las unidades fueron sorprendidas en los alrededores de la residencia de Nelson Shack, se encontraban asignadas a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN), dependiente del Comandante General de la PNP.
Lo sucedido a Shack no es un caso aislado.
CADENA DE MANDO
La exasistente y amiga cercana a la mandataria Dina Boluarte, Grika Asayag O’Besso, reveló que el 8 de mayo de 2023, descubrió un vehículo estacionado a unos pasos de su vivienda, por lo que fotografió la placa. Como en el caso de Shack, respondía al nombre de Negocios y Servicios de Alquiler SAC., la empresa de fachada de la DINI.
La propia Asayag ha dicho públicamente que el espionaje en su agravio se inició luego que mencionara que el exprimer ministro Alberto Otárola supuestamente sabía de un presunto pago de S/41 millones que hizo EsSalud a una empresa privada, un caso que investiga la fiscalía. En su momento, Otárola negó lo dicho por Asayag. Lo cierto es que la DINI admitió que el vehículo era suyo, pero rechazó haber estado vigilando a la amiga de Boluarte.
La República preguntó a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el curso que se le dio a la solicitud de Nelson Shack para que se investigue por qué estaba siendo vigilado por la DINI (no sabía que los automóviles estaban asignados a la DIRIN de la PNP). Las fuentes respondieron que la DINI hizo su descargo, y que la información era clasificada. Pero al parecer se referían al caso de Grika Asayag -que divulgó el caso en la primera semana de octubre pasado-, no de lo sucedido con Nelson Shack.
Sin embargo, las fuentes de la DINI de la gestión de Roger Arista, y de la actual de Luis García, dijeron que no fueron requeridos por la PCM sobre la denuncia formulada por el contralor Nelson Shack respecto a presuntos actos de espionaje en su agravio.
QUIÉNES SON
Fuentes relacionadas con el contralor general de la República -Nelson Shack se encuentra fuera del país-, confirmaron que este solicitó personalmente a Alberto Otárola, en su condición de superior de la DINI, que indague lo sucedido el 24 de octubre de 2023. Como se ha mencionado, este periódico pidió su versión a Otárola, pero no se consiguió una respuesta.
El hecho ocurrió cuando el jefe de la DIRIN era el general PNP Mauricio Quiroga Camacho, quien respondía a órdenes del entonces comandante general de la PNP, Jorge Angulo Tejada.
“Desconozco totalmente cualquier reglaje o seguimiento al contralor Nelson Shack. Cuando se presenta este tipo de denuncia, más aún tratándose de un funcionario del Estado como el contralor general de la República, inmediatamente lo comunican a la DINI y la DINI pide información sobre los hechos. Pero no ha habido nada sobre ese tema”, dijo a La República el general Mauricio Quiroga.
“Nunca me informaron sobre alguna operación de seguimiento contra el contralor Nelson Shack. Si bien es cierto la DIRIN está dentro de la estructura de la Policía Nacional, desconozco algún tipo reglaje de esa naturaleza”, explicó por su parte el excomandante general de la PNP, Jorge Angulo.
Sin embargo, el informe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, de la Contraloría General de la República, concluye que sí existió espionaje. “Realizado el proceso indagatorio, con la documentación obtenida por información abierta y las verificaciones realizadas, se estaría evidenciando actividades de reglaje, marcación y seguimiento a Nelson Shack, mediante el empleo de vehículos y personas en condición de agentes”, señala el informe.
La marcación, el reglaje y el seguimiento, son actividades propias del espionaje. Empero, pese a que Nelson Shack solicitó a Alberto Otárola indagar sobre el caso, no hubo respuesta. ¿Será por la actitud confrontacional de Otárola respecto a Shack? El 10 de noviembre de 2023, Contraloría informó que dos amigas de Otárola, Rosa Rivera Bermeo y Yaziré Pinedo Vásquez, fueron contratadas irregularmente. Luego Shack informó que el gobierno gastó S/6 millones en consultorías, a lo que Otárola respondió que la Contraloría “guardaba” S/ 1.600 millones, que podían ser gastados en hospitales y postas. El conflicto era más que evidente.
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