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El exviceministro del Interior Ricardo Valdés responde sobre la investigación en contra del coronel Harvey Colchado. Dice que no encuentra otra razón para su alejamiento de la Diviac que una venganza como consecuencia de la intervención en el domicilio de Dina Boluarte.
-¿La separación de Harvey Colchado de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) es una venganza del Gobierno?
-No veo en realidad otra razón que no sea una suerte de vendetta (venganza) como consecuencia de la intervención en la casa de la presidenta Dina Boluarte. Y digo esto porque he revisado con detenimiento las faltas grave y muy grave que menciona el coronel a cargo de la investigación en inspectoría contra Colchado y no encuentro ningún sentido, tampoco que se cumpla con los principios de proporcionalidad y tipicidad que se encuentran enmarcados en la norma que un inspector debe cumplir cuando hace alguna intervención.
-Se alude al asunto de la torta por el cumpleaños de Colchado, que hacía referencia a la intervención en la casa de Boluarte, en Surquillo. ¿Es suficiente motivo?
-Si uno lee lo que manda la norma, ni la supuesta falta grave ni la muy grave que menciona el coronel Giovanni Osorio se ajustan a lo que ha ocurrido. Colchado no ha cometido ninguna falta en la intervención porque ha seguido las pautas establecidas por el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y en lo que se refiere a la torta de cumpleaños que sube a su cuenta de WhatsApp personal, a la cual solamente tiene acceso su círculo íntimo, no tiene que ver con algo que afecte a la institucionalidad policial. Colchado tendrá que ver cómo así se filtró esa foto, pero yo no le encuentro sentido a esto. El inspector hace alusión a los comentarios que escribe gente cualquiera a raíz de la difusión de la foto de la torta en un programa de televisión y eso, la verdad, no es prueba de nada. En cualquier red social vamos a encontrar comentarios en contra de cualquiera. Y Colchado es alguien que ha afectado a todo el espectro político, pasando por Pedro Castillo, Alan García, Martín Vizcarra y Keiko Fujimori. Entonces, no se puede decir que tenga una predisposición política para fregar a alguien. Es simple y llanamente que está en un equipo que ve asuntos de alta complejidad, de corrupción ligada al poder y a la política.
-Algunos congresistas han dicho que la Diviac es una especie de policía política.
-No se puede afirmar algo así tan alegremente. Lo han dicho también excongresistas y líderes políticos. Me parece muy ligero. No encuentro sustento real en la decisión de la Inspectoría. Por cierto, el coronel tiene cuestionamientos cuando fue jefe de la División de Investigación Criminal en Trujillo, uno de los lugares con más criminalidad organizada y que la Diviac ha atacado. Me parece paradójico que alguien que tuvo que dejar su cargo en Trujillo por presuntas conexiones con organizaciones criminales investigue a uno de los efectivos policiales más eficientes.
–Se refiere al coronel Osorio, ¿correcto?
-Correcto. Hay artículos en diarios de Trujillo que lo involucran con ‘Los Pulpos’, así de concreto. Él tendrá que decir si es verdad o no.
Tendencia. Walter Ortiz es un expolicía como sus antecesores. Valdés cuestiona esa mirada. Foto: difusión
-¿Hubo algún exceso en el allanamiento a la casa de la presidenta Boluarte? Me refiero al asunto del ariete que rompió la puerta.
-No. La disposición es específica. Cuando se llega con una orden de descerraje, tiene que cumplirse. Y ese ariete se ha usado ene veces. Ante la posibilidad de que no te quieran abrir la puerta, tienes que tumbarla y eso es lo que ocurrió en el caso de la presidenta. Es más, el mismo abogado (de Boluarte) cuando llegó, no interpuso ninguna queja frente a la intervención. Y el hijo de la señora Boluarte ha aceptado que llamó a su hermano mayor, que le dijo que no abra la puerta hasta que llegue el abogado. Tenía que usarse el ariete porque de lo contrario se corre el riesgo de que pruebas o información relevante…
-¿Se pierdan?
-Se pierdan.
-¿Coincide con otros que señalan que esta decisión sobre Colchado puede ser interpretada como un acto de obstrucción a la justicia?
-Lamento mucho que esto haya pasado. Se ha hecho una interpretación absolutamente forzada para sacar de la investigación al coronel Colchado y, tal como hemos leído en La República, también se está queriendo afectar al resto del equipo. Definitivamente, se está tratando de afectar no solo a la investigación a Boluarte, sino las investigaciones de muchísima otra gente. Lo que quieren impedir —en el mejor de los casos— es que Colchado ascienda a general.
-¿Por qué las sanciones le quitan puntos?
-Así es. Es tan ridícula la investigación y los argumentos que se brindan que lo único que me lleva a pensar es que esa ridiculez está siendo avalada por el ministro del Interior y por el comandante general de la Policía. Además, ellos estuvieron en Palacio de Gobierno antes de que se le comunique a Colchado la decisión. En lo personal, pienso que ellos están al tanto y sin duda él está siendo parte de un proceso de negociación. Colchado es la moneda de cambio. No sé qué saldrá de eso. Lamentablemente, como Colchado ha tenido que intervenir en temas del poder político, está en la mira de varios.
-¿Hay suficientes indicios de enriquecimiento ilícito de parte de la presidenta?
-Está lo de la Unidad de Inteligencia Financiera, las cifras que no explicó en su mensaje a la nación. No creo en lo del préstamo, nos está tomando el pelo. No tiene ningún sentido tener el documento de propiedad de un reloj que ha sido prestado, ¿correcto?
-Una salida burda, ¿no?
-Tan burda como usar la torta como excusa. Es exactamente igual de burdo. Eso es no tomar en consideración la inteligencia de los ciudadanos de este país. Y lamento también que este grupo de gente que en principio consideraba honesta y proba esté demostrando que no lo es. Por lo menos, probos no son.
-¿A quiénes se refiere?
-Me refiero a un número de congresistas y políticos que han callado en todos los silencios posibles ante este atropello porque, de una manera u otra, sus propias bancadas o partidos están siendo investigados.
-Cuando Pedro Castillo hizo el amague de querer sacar a Colchado, muchos protestaron. Hoy no dicen nada.
-Sí, ahora callaron. En todos los idiomas. Porque no les conviene la presencia de Colchado, ya que ha sido eficiente; lo mismo que la Diviac. Hay un argumento que he escuchado: cómo es posible que esta imagen del allanamiento dé la vuelta al mundo. Un momento, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del Ministerio Público? ¿De la Diviac? No. De la presidenta. Ella es la responsable de los posibles actos ilegales o irregulares que la involucran. No se le puede achacar a Colchado una acción que fue ordenada por el Poder Judicial y usar como pretexto la foto de una torta difundida en un WhatsApp privado. Para mí, fue un exceso de confianza o de vanidad (de Colchado). Pero ni el exceso de confianza ni la vanidad se sancionan administrativamente a través de la Inspectoría. Eso no está en ninguna causal. Ni siquiera es causa leve.
-Walter Ortiz fue nombrado ministro del Interior el primero de abril. Es muy pronto para pedir resultados, pero sí se puede decir lo siguiente: Interior es una de las carteras que más cambios han sufrido en los últimos años. Solamente, en el Gobierno de Dina Boluarte vamos cinco ministros. Así es muy difícil conseguir los objetivos que demandan los ciudadanos. ¿Por qué hay tanta inestabilidad en el sector?
-Tengo una hipótesis: aquí no se entiende el problema de la seguridad, que es bastante amplio y que implica niveles de coordinación multisectorial con autoridades nacionales y locales. La verdad es que en estos momentos el Ministerio del Interior está siendo manejado como si fuera el patio trasero de la Policía Nacional. Si uno mira lo que pasa en otros países de América Latina y Europa, el sector Interior es conducido por personal civil, porque se necesita un balance entre lo político y lo técnico. La persecución del delito es asunto policial, pero lo político…
-¿Es civil?
-Porque se necesita un balance, otro tipo de coordinación. Todos los ministros del Interior con la señora Boluarte han sido policías. Es más, los dos viceministros también son policías en retiro. Y no le menciono la cantidad de directores generales que han sido policías.
-Se insiste con estados de emergencia. El último se ha establecido en Arequipa. Especialistas advierten que no son útiles. ¿Sirven?
-Los estados de emergencia, si se manejan con criterios políticos, no son útiles. Cuestiono lo de Arequipa. Han decretado un estado de emergencia por 20 días, en el que el ministro y el comandante general han sido jefes y tienen, obviamente, vínculos con las autoridades y la población. El gobernador regional (Rohel Sánchez) está siendo cuestionado por comprar patrulleros a cifras alucinantes a un consorcio de sospechoso origen. Y ahora decretan un estado de emergencia por solamente 20 días. Es casi una excusa. Parece más para viabilizar este tipo de adquisiciones y compras raras. Hay que estar muy pendientes sobre lo que se vaya a concretar en el corto plazo en Arequipa. A estas alturas, ya hay que sospechar de todo, más si una torta de cumpleaños es lo que ha permitido apartar de sus funciones a uno de los mejores oficiales, con resultados.
América Latina: es la era de la criminalidad transnacional
-¿Cuál sería su evaluación de los estados de emergencia que se han decretado en lo que va de este Gobierno?
-Tuvieron cierto sentido los decretados a propósito del conflicto social cuando Boluarte asumió. Había un descalabro, una población enardecida. Dicho esto, la Policía y todos los que se encargan de la criminalidad no deben recurrir a un estado de excepción en el que se suspenden derechos fundamentales de la población. Eso solo debe darse cuando se cuenta con una información muy clara, confirmada, para intervenir sobre aquello que genera la inestabilidad. Pero si en el decreto hablan de robos, de extorsiones y de delitos que son el pan de cada día, o ya tienen a las bandas localizadas y van a dar detenerlas de inmediato, o es una cortina de humo con sabe Dios qué fines.
-Hay un discurso desde el Gobierno que señala que la migración incide de manera profunda en la inseguridad. ¿Qué piensa?
-En América Latina se ha producido un cambio fundamental en los dos últimos años: la transnacionalización de la criminalidad. Ya sea con la producción de cocaína en Colombia, con los cárteles mexicanos en Ecuador, con los remanentes de las FARC en la frontera peruana, con el ‘Tren de Aragua’ venezolano, que ha manejado la migración hacia Colombia, Perú y Chile, con el Comando Vermelho en Brasil manejando el trasiego de drogas por el Amazonas, con organizaciones bolivianas que manejan el contrabando en la zona sur. De estas organizaciones la que más se ha acercado a la capital es el ‘Tren de Aragua’, que ha trasladado a población migrante muy pobre y que acá está siendo explotada sexual y laboralmente. Han venido a disputar los territorios en distintas regiones del país. Habría que ser muy ciego para no aceptar que hay presencia de la criminalidad organizada venezolana. Sin embargo, es un problema que debiera solucionarse desde el control territorial que la Policía debería ejercer, independientemente del pasaporte.
-Muchas veces hay tintes xenofóbicos en ciertas declaraciones.
-Bastante xenofóbicos, porque para lidiar con conflictos internos, siempre se busca una razón que venga del exterior.
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