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En conversación con los medios de comunicación, este último martes 16 de abril en el Congreso, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se refirió sobre el proyecto de ley que presentó la bancada de Renovación Popular el cual propone la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura, eleva a nivel constitucional la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público. Así como también de permitir crear el Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia.
En ese sentido, Arévalo Vela descartó que el Poder Judicial se encuentre en enfrentamiento con el Legislativo, Junta Nacional de Justicia u otro poder del Estado y enfatizó que cada juez deberá responder por sus fallos en los distintos casos en los cuales ha sido designado.
“No estamos en ningún enfrentamiento con ningún poder, los fallos de los jueces son decisiones y cada juez responde por ellos, no existe un enfrentamiento con la Junta Nacional de Justicia (JNJ) o el Congreso“, dijo el titular de la Corte Suprema de Justicia.
“Es una decisión política”, Arévalo tras la posibilidad de restablecer la inmunidad parlamentaria
Javier Arévalo evitó emitir opinión al proyecto de ley que propone restablecer la inmunidad parlamentaria y señaló que la opción de restituir este recurso parlamentario le compete al Congreso, por lo que es una opción decisión política. Esto, luego de que el congresista integrante de la bancada de Acción Popular Wilson Soto presentara una propuesta el último 10 de abril para que los legisladores no puedan ser detenidos ni procesados sin aprobación de la propia representación nacional durante el ejercicio de sus funciones.
“Esa es una atribución (inmunidad parlamentaria) del Congreso, es una decisión netamente política, no una jurídica. Que se convertirá en norma jurídica, sí, pero la decisión restablecer o no es una decisión política sobre la que yo prefiero no opinar“, manifestó ante los medios de prensa.
En esa línea, el proyecto de ley 5652/2023-CR sostiene que el Congreso será el responsable de autorizar “privación de la libertad y el enjuiciamiento, dentro del plazo improrrogable de 30 días calendario, caso contrario procede el silencio administrativo positivo” por los posibles delitos en flagrancia que cometan los legisladores.
De esta manera, se intenta revocar las restricciones impuestas por la ley de reforma constitucional N.°3118 de febrero 2021, la cual había eliminado dicho beneficio parlamentario. En el documento, Wilson Soto, autor de la iniciativa, argumentó que esta medida es “esencial” para fortalecer al Legislativo y permitiría enfrentar, de manera más adecuada, los desafíos nacionales “sin ceder ante presiones externas”.
Arévalo invocó al Congreso aprobar ley que sancione a jueces y fiscales quienes liberan a criminales
Por otro lado, el titular del Poder Judicial realizó una invocación al Congreso para que permitan la aprobación de una ley, la cual permita sancionar severamente a los jueces y fiscales quienes liberen a criminales cuando hayan cometido delitos en flagrancia. Recalcó que durante su carrera como magistrado, criticó los casos donde se permitían que los malhechores salgan en libertad.
“Todo juez o fiscal debe pensar que al liberar a estas personas pone en peligro a la sociedad, si es que hay suficientes evidencias no deberían liberarlos, creo que la sociedad se desprotege ante malos fiscales y jueces” , resaltó.
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