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El Tribunal Constitucional (TC) incrementa su descrédito por avalar el golpe contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), al validar la destitución de sus miembros Inés Tello y Aldo Vásquez.
La relatora especial de Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió una grave situación.
“Con preocupación, me entero de que el TC del Perú resolvió suspender de forma temporal la medida cautelar a favor de Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros de la JNJ, restituyendo sus inhabilitaciones por 10 años. (…) una serie de acciones parecen destinadas a socavar el funcionamiento independiente de la JNJ mediante presiones a altos funcionarios a través de acusaciones constitucionales y presuntos intentos de destitución de sus miembros”, tuiteó.
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La Sociedad Peruana de Constitucionalistas, que integran docentes especialistas en derecho constitucional de diversas universidades, y la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem) también cuestionan la decisión.
“Al conceder el TC la medida cautelar solicitada por el Congreso, en un proceso competencial, transgrede flagrantemente el artículo 139.2 de la Constitución que, como garantía de la independencia judicial, prohíbe a cualquier autoridad (lo que obviamente incluye al TC) ‘avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones’ ‘[…] ni cortar procedimientos en trámite’” advierte la Sociedad Peruana de Constitucionalistas.
“Esta resolución del TC no solo es manifiestamente inconstitucional e ilegal. Contraviene (…) más de 20 años de jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (a partir del caso de los tres magistrados del TC arbitrariamente destituidos por el Congreso fujimorista) y seguida por todas las composiciones anteriores del TC”, añade.
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Por su parte, Jusdem denuncia “la afectación al equilibrio y separación entre poderes públicos con la expedición de la sentencia” del TC “ya que constituye un retroceso en materia de control del poder en una democracia constitucional, que incluso contradice la doctrina que el propio Tribunal Constitucional estableció”, y “la interferencia de la labor del juez natural”.
Además, destaca que “la crisis institucional por la que se atraviesa es causada por hechos como los descritos que minan la institucionalidad y el Estado de derecho” y exige que “la Procuraduría del Poder Judicial cumpla con su deber institucional de ejercer eficientemente la defensa irrestricta de la independencia jurisdiccional, activando los medios de defensa que la normativa prevé en el marco de un procedimiento cautelar” luego que se levante la reserva.
Estos pronunciamientos se suman a varios otros. En uno reciente, el Colegio de Abogados de Cajamarca advirtió que el TC “está quebrantando la seguridad jurídica en el sistema de administración de justicia”, “lo que afecta la composición y funcionabilidad de la JNJ, al retirar a dos miembros (…), imposibilitando el quorum que se requiere para iniciar procedimientos disciplinarios contra jueces y fiscales”, y que “coloca en riesgo la elección” de los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Reniec.
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Abogados de Puno: “Es grave interferencia”
El Colegio de Abogados de Puno expresó que la reciente resolución del TC que afecta a la JNJ “representa una grave interferencia en las funciones jurisdiccionales del Poder Judicial y vulnera principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución (…) como la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional y la prohibición de que autoridades externas interfieran en causas pendientes ante los órganos jurisdiccionales”.
Considera que esta vez el TC “excede su mandato”, con perjuicio al PJ y la JNJ, y le exhorta a “rectificar su posición, respetando el rol autónomo del Poder Judicial.
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