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En diálogo con este medio, el abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, reveló que apeló a la decisión del Poder Judicial de rechazar la demanda de amparo que interpuso para intentar anular la denuncia constitucional en contra de la presidenta. Cabe señalar que esta denuncia fue presentada por la Fiscalía de la Nación ante el Congreso de la República por las muertes que ocurrieron durante las protestas en contra del Gobierno, entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
“Hemos apelado. No era raro para nosotros que se siga desarrollando todo de manera mediática (…). No había las mejores condiciones para observar esto, así que normal, (nosotros) hemos apelado (a la decisión del Poder Judicial)”, declaró el abogado Campos.
Ante ello, se consultó con abogados especialistas en derecho constitucional sobre los pasos que podría seguir la defensa legal de la mandataria tras esta apelación. A continuación, se detallará al respecto:
Muertes en protestas: ¿qué sigue en el proceso judicial?
El abogado Heber Joel Campos, profesor de Derechos Constitucionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), señaló que la presidenta de la República, Dina Boluarte, así como cualquier otro ciudadano, puede presentar el recurso que crea conveniente para ejercer su defensa. En esa línea, indicó que, si la apelación es rechazada por el Poder Judicial, su defensa legal puede presentar un recurso de agravio constitucional.
“Si su pedido nuevamente es rechazado, podría presentar un recurso de agravio constitucional para que el Tribunal Constitucional se pronuncie, en última y definitiva instancia, sobre su caso”, declaró a este medio.
A su vez, el abogado Yuliano Quispe coincidió con el letrado Campos al señalar que la mandataria puede seguir intentando “cuestionar la denuncia constitucional en su contra” e implementar “remedios dentro del proceso de amparo”, entre estos el recurso de agravio constitucional.
“El Juzgado calificará el recurso de apelación (puede concederlo, declararlo inadmisible o improcedente). En caso se conceda el recurso, en el plazo de dos días, el Juzgado remitirá los actuados a la Sala Superior. Esta fijará hora y fecha para una audiencia, dentro del plazo de 5 días, en el que los abogados podrán informar oralmente. Posteriormente, la Sala Superior resolverá el caso en un plazo de 10 días (sea confirmando, revocando o anulando la sentencia de primera instancia). Estos plazos se computan en días hábiles y son los establecidos en el Nuevo Código Procesal Constitucional“, indicó.
“Es más, en la eventualidad de que la Sala Superior confirme la decisión de Juzgado, la demandante podría presentar recurso de agravio constitucional”, añadió.
Asimismo, Quispe aseguró que, cuando se tome una decisión “firme sobre el fondo de la controversia”, la presidenta de la República no podrá iniciar otro proceso “para cuestionar el mismo acto lesivo”.
“En este último escenario, eventualmente, los abogados de la presidenta podrían recrear un nuevo acto lesivo que presuntamente afecta sus derechos fundamentales, para así intentar cuestionar indirectamente la denuncia constitucional. Este aspecto ya es estrategia procesal y se tendría que afinar”, agregó.
Denuncia constitucional contra Dina Boluarte
La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y los exministros Alberto Otárola, Vicente Romero, Víctor Rojas y César Cervantes ante el Congreso de la República.
“Continuaremos con las investigaciones a todos los altos funcionarios que resulten responsables por las trágicas muertes que ocurrieron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, así como todos los casos emblemáticos de lo que se hace cargo el Ministerio Público, porque a ustedes, peruanos y peruanas, es a quienes debemos nuestro trabajo y no a quienes intentan poner obstáculos para que se conozca la verdad”, dijo Benavides.
Tras ello, la presidenta de la República presentó una demanda de amparo en contra de dicha denuncia. En este procedimiento legal, la mandataria considera que los actos realizados por la Fiscalía vulneran sus derechos constitucionales, afectan el debido proceso y desnaturalizan la prerrogativa de inmunidad presidencial; sin embargo, el juez a cargo del caso, Jonathan Valencia López, determinó que las medidas fiscales fueron adecuadas.
“Las facultades constitucionales de los actos del Ministerio Público no se legitiman desde la perspectiva constitucional en sí misma, sino a partir del respeto pleno del conjunto de valores, principios constitucionales y de los derechos fundamentales de la persona humana, (…) siendo ello así, del estudio de autos no se puede evidenciar que los mismos constituyan violación de los derechos alegados por la parte demandante”, se precisa en el documento.
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