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La presidenta Dina Boluarte encabezó ayer el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, en el que se revisaron los avances generales que se han realizado en dicho sector, y aseguró que buscan una reforma de la justicia que cumpla con las exigencias de la población y pueda resolver sus casos con celeridad, en el Ministerio Público y el Poder Judicial.
“Luego de dos años nos hemos reunido nuevamente. Aspiramos a que, con los acuerdos y el trabajo que se realice en el plazo propuesto, podamos concretar la reforma del sistema de justicia de acceso a la población”, señaló la mandataria, pero no dio más detalles.
La coordinadora de Justicia Viva de IDL, abogada Cruz Silva, consideró que la falta de transparencia es un índice sumamente grave de lo que puede resultar y no solo por la agenda, sino que “vemos a personas que participan en el Consejo pese a que están investigadas por la justicia, como es el caso de Dina Boluarte. Eso viola la imparcialidad del sistema de justicia”.
Advirtió que la presidenta está investigada por violaciones de DD. HH. y “no es posible que sea quien dirija la reforma del sistema de justicia, hay conflictos de intereses y no se esperan resultados buenos”.
Para Cruz, “no es el momento para las reformas, los actores políticos a través de instancias del Estado usan su voluntad para generar cambios que los beneficien”.
Señaló que el escenario político tiene que garantizar que haya una propuesta independiente y “el actual escenario no garantiza que la propuesta vaya a ser con la finalidad de acceso a la justicia, sino para generar impunidades. El sistema político no da para la reforma de la justicia”.
El exdefensor del Pueblo Walter Albán dijo que hay un descuido de hace años y “desde distintos espacios quieren tener injerencia en el sistema judicial, pero no lo hacen con el real propósito de que las cosas puedan mejorar, sino para instrumentalizar la justicia, cada quien a su favor. Así como el Congreso quiere meter mano al Poder Judicial, ahora lo quiere hacer el Ejecutivo”.
Añadió que “estamos viendo manotazos de ahogado de gente que quiere vender la idea de que trabajan en serio, pero es evidente que no es así. Más bien son investigados que están viendo cómo encuentran una vía para tomar decisiones y ejercer presión sobre el sistema de justicia”.
En la reunión que se realizó en Palacio de Gobierno participaron el premier Alberto Otárola; el ministro de Justicia, Eduardo Arana; el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo; el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena; el titular del Tribunal Constitucional, Francisco Morales.
También, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Haza; el contralor Nelson Shack; y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.
Albán: No con un Gobierno deslegitimado
Walter Albán explicó que el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia no fue creado en este Gobierno y antes se formó la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus), que fue creada mediante Ley 28083 el 4 de octubre de 2003, que tuvo convocatoria amplia.
Pero luego, con Pedro Castillo y Dina Boluarte, el intento de mejorar el sistema de justicia pasó al olvido y ahora “no veo cómo se pueda tomar seriamente una reforma, menos con un Gobierno deslegitimado. Incluso la Procuraduría ha sido puesta en manos de Pacheco y están destruyendo su autonomía e independencia”.
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