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Mediante oficio N°000120-2024-P/JNE enviado al Congreso de la República, el Jurado Nacional de Elecciones presentó la propuesta de ley para incorporar la figura legal de inscripción provisional de las agrupaciones políticas, a fin de beneficiar a todas las organizaciones que se encuentran en vías de inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), y así puedan participar en los procesos electorales, aun cuando no hubiesen logrado su registro definitivo, por tener tachas pendientes por resolver.
Para calificar a la inscripción provisional, las organizaciones políticas deben cumplir “con todos los requisitos legales necesarios para su inscripción al momento del cierre del ROP (…) pudiendo presentar listas y fórmulas de candidatos ante el Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente”, informaron.
Además, tiene que cumplirse también que el periodo de tachas contra su inscripción venza después del cierre del ROP, que exista una tacha pendiente de resolver o que el plazo para apelar esté vigente.
¿Por qué se toma esta decisión?
De ser aprobado por el Congreso, esta propuesta modificaría el artículo 10 de la Ley de Organizaciones Políticas e incorporaría los artículos 10-A y 10-B con el objetivo de “reducir el porcentaje de tachas maliciosas que algunos ciudadanos y ciudadanas presentan con la finalidad de obstaculizar el procedimiento de inscripción de una organización política”.
El Pleno del JNE sostiene que durante las Elecciones Regionales y Municipales 2022 , se evidenció que se presentaron “escritos de tachas maliciosas que devinieron en infundadas, cuya finalidad era impedir que determinadas organizaciones políticas participen en este proceso”, indica el texto.
El abogado experto en derecho electoral, José Naupari, señaló a El Poder en tus Manos que con esta medida el Jurado Nacional de Elecciones corre el riesgo de presentar una sobrecarga operativa para resolver todos los procesos de todas las organizaciones políticas en carrera: tanto de las que lograron su inscripción definitiva dentro de los plazos, como de las que no.
“Entiendo que la intención nace de una preocupación genuina y eso es positivo, pero el propio Jurado Nacional de Elecciones corre el riesgo de que el Tribunal Constitucional se pronuncie y señale que, en el ejercicio de la función reglamentaria, se está yendo más allá de lo que permite la Constitución y la ley”, advirtió.
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