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El abogado Rudy Aguedo del Castillo se encuentra en calidad de investigado en el caso que involucra a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien habría liderado una red criminal desde la cúpula del Ministerio Público. Una pieza clave en este engranaje ilícito habría sido este personaje que tiene vínculos con la gestión del expresidente Pedro Castillo y con la actual mandataria Dina Boluarte.
De acuerdo con el testimonio ofrecido por Jaime Villanueva, Rudy Aguedo desempeñó un rol importante en la suspensión del fiscal Rafael Vela Barba. Él habría logrado conversar con Juan Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, con quien tendía cierto grado de cercanía, y convencerlo para que suspenda al coordinador del equipo Lava Jato, con lo cual su destitución quedaba en manos de Patricia Benavides.
Según la versión que manejaba Jaime Villanueva, Juan Fernández Jerí no suspendía a Vela Barba porque “tenía miedo de que la fiscal de la Nación no cumpla con destituirlo de la coordinación de los equipos especiales Lava Jato y Lavado de Activos”. El apodado ‘Filósofo’ dijo que su jefa sí cumpliría porque “tenían que hacerlo rápido antes de que salga la medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque eso dejaría sin efecto todo”.
El mensaje fue trasladado a través de Rudy Aguedo del Castillo, secretario de confianza de la ANC del Poder Judicial y quien es cercano a Jerí. Posteriormente, acudió al piso ocho de la Fiscalía para hablar con el jefe de la ANC del Ministerio Público. A su salida, llamó a Miguel Girao y le preguntó dónde estaba Rafael Vela, pues sería notificado de su suspensión. Este se encontraba en el hotel Costa Mar, en el Congreso de Fiscales de Derechos Humanos.
Durante el gobierno de Pedro Castillo
Aguedo del Castillo cuenta con dos órdenes de servicio por S/36.000 cada una. Este monto corresponde a una contraprestación por el servicio de asesoría legal para la oficina de recursos humanos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cuando Dina Boluarte era la titular de esta cartera.
Entre julio y diciembre de 2021, recibió S/39.000 por órdenes de servicio para el Gobierno de Pedro Castillo, para ser precisos, por la elaboración de informes técnico-legales para la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
En la gestión de Dina Boluarte
Ya durante el gobierno actual de la presidenta de la República, Dina Boluarte, el abogado prestó servicios al despacho presidencial. En enero del 2023, recibió una orden de servicio por S/39.000 por servicios especializados en materia legal por un periodo de 80 días.
En marzo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social lo contrató por un monto de S/41.000 para defender legalmente a Gina Sánchez Pimentel, quien en ese momento era la jefa de recursos humanos del despacho presidencial y también una persona cercana a Dina Boluarte.
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