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Continúa apareciendo más información sobre cómo operó la presunta red criminal que habría liderado Patricia Benavides, suspendida fiscal de la Nación, desde la cúpula del Ministerio Público. Además del canje de voto en el Congreso de la República a cambio del archivamiento de investigaciones contra parlamentarios, se suma que se habría intentado captar a magistrados del Tribunal Constitucional —durante el 2022—, con la finalidad de alcanzar el éxito de una demanda competencial presentada contra la Junta Nacional de Justicia.
Según consta en el acta de disposición que autoriza los allanamientos para el operativo Valkiria, desplegados el último martes 23, un colaborador eficaz reveló detalles precisos sobre cómo Patricia Benavides intentó captar a los magistrados del TC a través de su fiscal de confianza y mano derecha, Marco Huamán. Esta operación contó con el apoyo de sus asesores Jaime Villanueva Barreto y Miguel Girao Isidro.
“La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a fines de julio del 2022, concluyó la designación como fiscal suprema de Betzabé Revilla porque ella estaba a cargo de las investigaciones contra su hermana Enma Benavides y sabía que ella no iba a sobreseer la investigación, es por esa razón que la Junta Nacional de Justicia le inició una investigación y para evitar que la suspendan del cargo, ella junto a Jaime Villanueva y Miguel Girao planificaron que debían plantear una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional porque tenían que aprovechar que el presidente del TC Francisco Morales Saravia es muy cercano al fiscal adjunto supremo Marco Huamán y por intermedio de él les harían el favor de declarar fundada la demanda competencial”, se lee en el documento fiscal.
Un presidente del TC a las órdenes de Benavides
El primer paso para la red criminal fue convencer a los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena Campana para que apoyen en la formulación de la demanda competencial ante el TC. El argumento utilizado por Patricia Benavides fue que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no podía investigarla por actos de gestión y atribuciones propias del fiscal de la Nación, como la designación de fiscales, pero su verdadera finalidad era mantener las facilidades de designar a fiscales —de su confianza— a su conveniencia para evitar que sea sancionada por interferir en el caso de su hermana, al remover a la fiscal Betzabé Revilla.
El pedido de Patricia Benavides parecía razonable, por ello fue aceptado y apoyaron la presentación de una demanda competencial, así consta en las actas de debate de los acuerdos adoptados por la Junta de Fiscales Supremos en sesión extraordinaria, de fecha 14 de agosto de 2023. El documento fue elaborado por Miguel Girao y otro abogado, el objetivo era que “la JNJ no pueda investigar actos de gestión, sino solo de función del fiscal de la Nación”.
“Todo eso era dirigido por Patricia Benavides, quien había enviado al fiscal Marco Huamán a reunirse con el presidente del TC Francisco Morales Saravia en la sede del Tribunal Constitucional, que está ubicada en el Cercado de Lima, para pedirle que la apoyen declarando fundada la demanda competencial. Y en esa reunión Morales le dijo a Marco Huamán que tenían que presentar la demanda competencial antes del 20 de agosto del 2023 porque él se iba a ausentar por varios días y quería dejar admitida la demanda. Además, se comprometió a ayudar a la fiscal de la Nación y que declararían fundada la demanda competencial y que para asegurar que la ayudarían, él se comprometió a designarse como ponente de la causa”, se lee en el acta.
La demanda competencial fue presentada de manera oficial el 16 de agosto del 2023, cuatro días antes del plazo brindado por Francisco Morales Saravia. Tal y como se acordó días antes, el recurso fue admitido a trámite y el presidente del TC fue nombrado ponente de la causa para garantizar con eso que mostraría una posición a favor en su informe para declarar fundada la demanda.
Se buscó a otros magistrados
“Tengo conocimiento que, posterior a la admisión de la demanda competencial, el plan de Patricia Benavides fue el de captar a los demás integrantes del Tribunal Constitucional para garantizar que declaren fundada la misma, es por eso que ella se reunía constantemente con el abogado José Luis Hauyon y Hernán Garrido Lecca en la oficina del primero, ubicada en un edificio en el cruce de las avenidas Holguín y El Derby, para tratar de buscar la forma de llegar a los tribunos del TC”, agrega el colaborador.
En una reunión entre Patricia Benavides con sus asesores Jaime Villanueva y Miguel Girao, ella les indició que, por intermedio de José Luis Hauyon y Hernán Garrido Lecca, había contactado a José Antonio Chang, rector de la USMP, quien les había garantizado que tenía conexión con los magistrados Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro y César Ochoa Cardich “porque a través de su universidad los invitaba a congresos donde les pagaba los viajes y gollerías”. Daba por sentado el apoyo de Francisco Morales Saravia. Decía que solo les faltaba Luz Pacheco y se descartaba a Manuel Monteagudo Valdez porque “era caviar” y no aceptaría.
Finalmente, las gestiones no salieron como pensaron, ya que, a través de la resolución del 30 de enero de 2024, emitida en el Expediente 00004- 2023-PCC/TC, el Tribunal Constitucional resolvió declarar improcedente la solicitud de medida cautelar formulada por el Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia. El TC concluyó que “que no se aprecia, a nivel cautelar, que la actuación plasmada en las resoluciones cuestionadas exceda, prima facie, el marco constitucional y legal de las competencias de la JNJ o que se haya verificado la incidencia grave en las competencias del Ministerio Público que exige el requisito de verosimilitud de la medida solicitad”.
Marco Huamán dejó el cargo en diciembre del 2023
En diciembre del 2023, tras conocerse la existencia de la presunta red criminal de Patricia Benavides, el fiscal interino de la Nación, Juan Carlos Villena, aceptó la renuncia de Marco Huamán Muñoz al cargo de fiscal adjunto supremo provisional. Él había sido designado en el puesto por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y había pertenecido a su despacho. Además, fue el encargado de las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes en protestas. Dichas indagaciones son parte de la denuncia constitucional que Benavides presentó contra Boluarte.
Luego de la renuncia, Huamán Muñoz se desempeñará como fiscal provincial titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, con distrito fiscal Lima, según consta en la Resolución 3422-2023-MP-FN de la Fiscalía de la Nación. Es preciso mencionar que la declinación Huamán se da después de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ordenara que Patricia Benavides sea separada del cargo por un periodo de seis meses, puesto que ha sido sindicada de liderar una presunta organización criminal.
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