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El expresidente Pedro Castillo Terrones, vacado por dar un golpe de Estado, afrontará un panorama complicado. Se le viene un juicio político. Además, debe lidiar con los procesos abiertos en el Ministerio Público por liderar una organización criminal dentro del Estado.
El abogado Javier Cornejo Portocarrero, sostiene que el juicio político le compete hacerlo al Congreso de la República. El 7 de diciembre, Castillo Terrones interrumpió el ordenamiento constitucional al disponer el cierre del parlamento, declarar en reorganización el Tribunal Constitucional, Ministerio Público y Poder Judicial. Con esas acciones, el entonces mandatario, violó el artículo 134 de la Constitución que dispone: un presidente está facultado para cerrar el congreso solo cuando, en dos oportunidades, se le niega la confianza a los gabinetes ministeriales que designa el ejecutivo. Este no era el caso.
“También quebró el artículo 117 que obliga a un dignatario respetar y hacer respetar la constitución”, dijo Cornejo. El juicio político lo ejecuta el Congreso, ello deviene en una inhabilitación para ejercer cargos públicos y de elección popular. Una sanción similar recibió Alberto Fujimori, que renunció por fax desde Brunei en el año 2000.
Escenario penal
Siendo vacado, Castillo, perdió su inmunidad presidencial. No puede escudarse en el artículo 117 de la Constitución. Este precisaba que un mandatario no puede ser acusado mientras ejerce su mandato. Sin ese escudo, se activan las siete carpetas fiscales que dan cuenta de presuntos delitos de corrupción. A Castillo se le investiga por presidir una organización criminal que festinaba con los recursos del Estado.
Castillo actualmente permanecerá detenido por siete días. Esa resolución la dictó un juzgado supremo a pedido del Ministerio Público que investiga a Castillo por sedición y conspiración.
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