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— ¿Cómo tienen diseñado el proceso para aprobar las siete reformas planteadas?
— Para presentar un proyecto de esa naturaleza necesitamos comprar un kit electoral en la ONPE y presentar el texto del proyecto de ley. Nos dan los planillones y podemos juntar las firmas. Al ser una ley de reforma constitucional nos piden el 0,3% de firmas de adherentes del último padrón electoral, que es por lo menos 75 mil firmas.
— Con las firmas se lleva la propuesta al Congreso.
— Claro, se ingresa el proyecto. La Ley 26300 dice que cuando se trata de iniciativas legislativas, el Parlamento tiene 120 días para pronunciarse.
— El Legislativo puede rechazar el proyecto.
— Si se pronuncia negativamente o aprueba el proyecto desnaturalizándolo, tenemos derecho a completar las firmas. En ese escenario necesitaremos firmas equivalentes al 10% del último padrón electoral, que son 2,5 millones de firmas; si al inicio logramos 100 mil firmas, entonces nos faltaría la diferencia para que el JNE convoque a referéndum y la población decida si aprueba o no las reformas, para que se conviertan en modificaciones constitucionales.
— ¿Es posible que algún congresista tome los proyectos como iniciativa?
— Podrían hacerlo, pero si archivan el proyecto o lo desnaturalizan, el congresista no tiene ninguna facultad para llevar a referéndum las iniciativas. Los únicos que tenemos el derecho de que una iniciativa negada, desnaturalizada o no atendida pueda culminar en un proceso de referéndum somos los ciudadanos.
— Son siete las reformas, en lo que respecta al presidente, ¿no debilita su posición?
— No se debilita. Veamos cómo se trata hoy a la figura presidencial. Cuando se le atribuye un delito en el ejercicio de su función, se tiene que esperar a que se termine su mandato para que se le procese, pero cuando termina su gestión la Fiscalía no puede tampoco ir de frente sobre él. Previamente tiene que pasar por el Congreso, pues tiene el beneficio del antejuicio por comisión de delito y el juicio político por infracción constitucional.
— ¿Qué plantean al respecto?
— Que a la autorización para que se le acuse se incorporen las razones que atañen a delitos muy graves, como narcotráfico, terrorismo, contra la humanidad, corrupción de funcionarios, organización criminal, contra el orden democrático. Todo eso manteniendo ese esquema de protección. No estamos debilitando la figura del presidente, estamos buscando fortalecer la lucha contra la corrupción que debería estar desde el funcionario más alto, como el presidente de la República, hasta el funcionario de menor nivel en la estructura del Estado.
— ¿Cómo cambia el panorama electoral con las reformas?
— El tema va así. Gana la presidencia el que obtiene el 50% + 1 de los votos válidos, pues la lógica es que tenga una fuerte legitimidad. Para la segunda vuelta vamos a subir esa valla y pasan los candidatos que sumados lleguen al 55% de los votos válidos en la primera vuelta, con un límite de cuatros candidatos. Si en la última elección hubiéramos tenido esta regla, hubieran pasado Castillo, Keiko, López y De Soto. Fomentando posiciones centristas y no tan antagónicas.
— ¿En el caso de los congresistas?
— Estamos proponiendo que los congresistas se elijan en la segunda vuelta y que exista renovación del Parlamento por mitades a mitad de mandato. Los ciudadanos les tomamos un examen a través del voto y con eso eliminamos también la disolución parlamentaria.
— La elección de congresistas será en segunda vuelta, ¿puede precisar?
— La propuesta es que todos los partidos postulen con sus listas congresales en la segunda vuelta. Lógicamente tendrán más posibilidades los que tengan candidatos que están disputando la presidencia, entonces habrá listas parlamentarias sin candidatos y estarán en desventaja, pues lo más lógico es que se aglutinarán los votos para los partidos cuyos candidatos están en la segunda vuelta. Eso hará que el Parlamento no esté tan atomizado.
— ¿También regularán la vacancia presidencial?
— Vamos a sincerar el artículo 117. No habrá vacancia por incapacidad moral y será solamente por incapacidad física o mental debidamente comprobada. De esa manera tenemos un mejor balance y protección.
— ¿Mejorarán los filtros para evitar candidatos sentenciados?
— Para evitar que las mafias y delincuentes sigan postulando, proponemos que ningún condenado por delitos graves como corrupción de funcionarios, organización criminal, libertad sexual, lavado de activos, entre otros, así esté rehabilitado, pueda postular a un cargo público, integrar un partido político y desempeñar función pública. Es una lucha dura y radical contra la corrupción.
— ¿En qué momento vendría el adelanto de elecciones, después que se apruebe la reforma?
— El adelanto es complementario a las reformas. Creemos que el Parlamento y el Ejecutivo deben irse, pero son sustanciales las reformas. El adelanto sin reformas es más de lo mismo. Lo vamos a presentar en paralelo, como proyecto de ley.
— ¿Está faltando regular cómo los partidos eligen a sus candidatos?
— Lo que pasa es que ha sido un consenso de las diferentes organizaciones que estamos en la coalición. Hemos consensuado estas siete iniciativas, pero nosotros desde el Instituto Pro Democracia habíamos presentado propuestas con cerca de 20 modificaciones constitucionales, pero de ellas se logró consenso en las siete propuestas planteadas.
— ¿Tienen un cronograma?
— El proyecto de ley se termina esta semana, la próxima estamos comprando el kit electoral e inmediatamente se comienzan a recoger las firmas. Tenemos estimado lograr las más de 75 mil firmas entre febrero y marzo para presentarlo ante el Parlamento, obviamente mucho va a depender del apoyo de la ciudadanía, para ello tenemos grupos de colaboradores en todo el país.
Abogado constitucionalista, directivo del Instituto Pro Democracia y uno de los voceros del colectivo Coalición Ciudadana, que reúne a más de 200 organizaciones civiles.
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