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La relación del presidente de la República, Pedro Castillo, con el Ministerio Público se encuentra en su momento más tenso, luego de que —a poco más de un año de gestión— acumule al menos siete investigaciones preliminares y la sindicación como líder de sendas organizaciones criminales. En la tesis de las Fiscalía de la Nación y en el discurso de la oposición, el jefe de Estado pasó de ser una persona “incapaz para gobernar” el país a ser el cabecilla en más de un organigrama criminal que se extiende desde el caso Puente Tarata III al de los “Asesores en la sombra”.
En análisis del politólogo Roger Santa Cruz, en entrevista con La República, existe una incongruencia en cómo ha evolucionado la imagen de Pedro Castillo desde la mirada de sus opositores, quienes pasaron de infravalorarlo a darle una valoración mucho mayor y a verlo como una persona capaz de liderar hasta tres presuntas organizaciones criminales —identificadas por el Ministerio Público— enquistadas en las más altas esferas del Gobierno, las cuales estarían integradas por exministros de Estado, funciones de alto perfil, autoridades regionales, empresarios y su entorno familiar.
“Es parte de la construcción del discurso de la oposición el hecho de primero haber intentado la estrategia del fraude y luego la deslegitimación del presidente. Posteriormente, la infravaloración de la figura presidencial aparece tras sus intervenciones en prensa que lo descalificaban para el puesto y ahora hemos pasado de una infravaloración a una supervaloración donde estamos considerando al presidente como un cabecilla de una organización criminal”, dijo a este medio.
En esta línea, Santa Cruz advierte que estos dos perfiles del mandatario no guardan relación: “Estas dos versiones no generan un correlato, no se condicen, puesto que una persona incapaz e ineficiente tampoco tendría la capacidad de generar una organización criminal de esa naturaleza. Ahí hay una inconsistencia en esta construcción del relato que también responde a factores coyunturales y temporales”.
Por su parte, Alonso Cárdenas, politólogo y docente de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, considera estas dos proyecciones de la imagen del jefe de Estado no se contraponen y se traducen en una presunta organización criminal que se caracteriza por su improvisación y ser poco estructurada: “Lo que pasa es que esas imágenes pueden coexistir, no son imágenes contrapuestas entre sí y pueden coexistir perfectamente”.
“Efectivamente, el presidente de la República tiene muchas dificultades para articular discursos, no tiene dominio de los temas; pero esta improvisación y debilidad del presidente y su séquito también se muestra con esta presunta organización criminal, porque esta es también improvisada, débil, desordenada y poco estructurada”, comenta.
En tanto, Jorge Luis Ramos Salinas, sociólogo y analista político de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, recuerda que la legislación peruana establece que cuando existen coordinaciones entre dos o más personas para cometer delitos se les denomina como organización criminal. En este sentido, considera que la tesis fiscal se enmarca dentro de lo correcto al advertir la presencia de estas organizaciones.
“Tenemos organizaciones criminales que pueden ser relativamente poco poderosas, otras como en este caso que están vinculadas aparentemente a los más altos niveles del Ejecutivo y ese sería su poder, también otras como las de (Alberto) Fujimori que abarcaban todos los poderes del Estado y muchas otras instituciones como medios de comunicación”, comenta.
Pedro Castillo, presunto líder de tres organizaciones criminales
En mayo del 2022, el entonces interino fiscal de la Nación, Pablo Sánchez —realizando una interpretación nueva al artículo 117 de la Constitución— dispuso ampliar la investigación contra el presidente por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada relacionado con el caso Puente Tarata III. Esto convirtió al jefe de Estado en el primer mandatario en funciones en ser investigado preliminarmente en el Perú.
Por ese entonces, Pablo Sánchez expresó que existían “indicios razonables” para sospechar que el jefe de Estado encabezaría una supuesta organización criminal instalada en el aparato estatal. Dentro de la estructura liderada por Castillo Terrones estarían altos funcionarios como el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva Villegas, hoy prófugo de la justicia, y seis congresistas de Acción Popular denominados como Los Niños.
Meses después, en agosto de este año, con Patricia Benavides a la cabeza de la Fiscalía de la Nación, se ubicó al jefe de Estado como el cabecilla de una organización criminal familiar, el cual también estaría integrada por su esposa Lilia Paredes Navarro y su cuñada Yenifer Paredes, quien actualmente cumple una prisión preventiva de 30 meses en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. La primera dama aún tiene pendiente un requerimiento de impedimento de salida del país en su contra que deberá ser resuelto por el Poder Judicial.
La tesis fiscal apunta que se habrían copado diferentes instituciones del Estado con la finalidad de direccionar obras en algunas regiones del país y así beneficiarse económicamente. Habrían estado involucrados la primera dama, los cuñados del mandatario, altos funcionarios, autoridades distritales y empresarios para gestionar la adjudicación de millonarios proyectos en Cajamarca.
El caso más reciente ocurrió en octubre del 2022, cuando a través de la filtración del Informe N.º 068 – 2022 del Equipo Especial se expuso el organigrama de la presunta organización criminal denominada ‘Asesores en la sombra’, título acuñado por la Fiscalía de la Nación y que tendría como líder al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.
Esta agrupación delictiva estaría conformada por personas como Segundo Alejandro Sánchez Sánchez y Bruno Pacheco, además de los sobrinos del mandatario: Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez. También se incluye a otras personas que son cercanas al mandatario y que trabajaron con él como asesores o en puestos claves de Palacio de Gobierno como el Despacho Presidencial.
La imagen de Pedro Castillo en el Congreso
Las sindicaciones desde el Ministerio Público hacia el presidente Pedro Castillo como líder de varias organizaciones criminales ha sido recogida en el Congreso de la República, sobre todo en el sector más fiero de la oposición. Esta narrativa estuvo presente en las investigaciones que desarrolló la Comisión de Fiscalización presidida por Héctor Ventura, la cual solicitó recientemente nuevamente facultades para investigar al mandatario por ser el presunto cabecilla de una organización criminal familiar.
Por otro lado, este argumento también se encuentra consignando dentro de la tercera moción de vacancia presidencial que presentará el congresista no agrupado Edward Málaga, quien anunció que este jueves 13 de octubre iniciaría con la recolección de firmas: “El presidente ha priorizado sus intereses y los de sus allegados”. También esta narrativa se verá reflejada en la discusión que se dará lugar en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) cuando se aborde la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el mandatario.
Asimismo, Roger Santa Cruz advierte una politización en la conducta de Patricia Benavides, ya que las hipótesis fiscales estaría sirviendo como insumos para recursos que apuntan a sacar del cargo a Pedro Castillo: “El hecho de que una institución de naturaleza jurídica asuma potestades políticas o, al menos, juegue en pared institucionalmente con los opositores al presidente de la República le quita ese manto de imparcialidad y más bien la coloca en una posición de cooperación en favor de la vacancia o destitución del presidente. Eso mella la imagen del Ministerio Público”.
Mientras tanto, Alonso Cárdenas señala que el país no está pasando por una crisis política, sino por una descomposición de sus instituciones, dentro de la cual se encuentra la presidencia de la República y también la Fiscalía de la Nación: “Hay muchas dudas sobre la idoneidad que deben tener los fiscales. No estamos en una crisis política, sino en un proceso continuo de nuestras instituciones”.
Finalmente, Jorge Luis Ramos Salinas coincide en que el trabajo de Patricia Benavides afecta a las investigaciones fiscales y da pie a que Pedro Castillo pueda victimizarse: “Que haya presentado la acusación (constitucional) basándose en asuntos a asuntos vinculados a la ONU y no a la Constitución Política del Perú, hace evidente que es un objetivo primordial de la Fiscalía de la Nación la salida de Castillo de la presidencia”.
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