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El fiscal Jorge García, miembro del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, manifestó que la primera dama Lilia Paredes podría recibir entre 8 y 10 años de pena privativa de la libertad por el presunto delito de organización criminal.
El representante del Ministerio Público sustentó el pedido de impedimento de salida del país por 36 meses contra Paredes Navarro y argumentó que, pese a que la acusada había asistido a todas las citaciones, ello podría cambiar ante una posible pena, lo que podría verse reflejado en la evasión a la justicia.
En ese sentido, García recalcó que no tiene arraigo laboral, ya que no cuenta con un trabajo fijo. Por ello, recordó que el rol que cumple como primera dama es honorario, por lo que no cuenta con funciones específicas.
El fiscal alegó que la medida que impediría la salida de Paredes de territorio peruano durante un periodo de tres años es necesaria y justificada. Asimismo, requirió que se le impongan ciertas reglas de conducta.
Dentro de estas se encuentran: someterse a un control mensual, no ausentarse de la localidad donde reside y prohibirle la comunicación con los investigados del presente caso —a excepción de Yenifer Paredes—, así como acudir al Ministerio de Vivienda y las municipalidades de Anguía, Cajatambo y Chachapoyas. También se planteó imponerle una caución económica de S/ 100.000.
Frente a ello, el abogado Benji Espinoza señaló que su defendida ya ha salido del país en medio de las investigaciones y que aun así ha regresado al Perú, razón por lo que no existiría ningún peligro de fuga.
El letrado enfatizó que la medida solicitada por el Ministerio Público sería injustificada, ya que no existe sospecha razonable para la comparecencia con restricciones ni para el impedimento de salida. Así, exhortó a que sea declarado infundado y sostuvo que el monto de la caución sería desproporcionado porque escapa del presupuesto de la primera dama.
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