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Los jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema evaluarán si es posible revisar en una audiencia de apelación a la prisión preventiva la constitucionalidad y legalidad del acuerdo del Congreso de levantar el derecho de antejuicio al expresidente Pedro Castillo.
La legalidad de la resolución del Congreso de la República, que la madrugada del 12 de diciembre levantó el derecho de antejuicio al referido exmandatario, fue parte de los alegatos de su abogado Wilfredo Robles para pedir que se revoque la prisión preventiva por una comparecencia restringida.
Por su parte, la Procuraduría señaló que la constitucionalidad o legalidad de esa resolución no puede evaluarse en una apelación de la prisión preventiva, pues no fue parte de los debates de la audiencia en la que el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley impuso la prisión preventiva.
La fiscal suprema adjunta Sylvia Sack Ramos indicó que el procedimiento legal se cumplió con la denuncia que la fiscal de la Nación presentó al Congreso de la República por rebelión.
El abogado de Castillo, Wilfredo Robles, sustentó que si bien la legalidad y constitucionalidad de la resolución del Congreso no fue parte del debate en el juzgado, esa decisión es mencionada por el juez Checkley en su resolución, por lo que es válido revaluar ese punto.
La defensa de Castillo insistió en que el expresidente no se levantó en armas, como señala el Código Penal al sustentar el delito de rebelión o tentativa de esta y que el investigado tiene arraigo domiciliario, familiar y laborar y que se someterá a las investigaciones.
La palabra de Castillo
Antes de concluir la audiencia, el expresidente Pedro Castillo se dirigió a los jueces desde el penal de Barbadillo. Señaló que el que se ha levantado en armas es el actual Gobierno, causante de más de 20 muertos, que su familia salió del país porque estaban en peligro y que su prisión es parte de una venganza política y del odio.
“Jamás he cometido delito de rebelión, pues nunca me levanté en armas ni he dicho a otros que lo hagan. Debo decir que quien sí se levantó en armas es este Gobierno tiránico que ha acabado con la vida de mis 28 hermanos peruanos en Andahuaylas, Ayacucho y otros lugares”, indicó.
“Yo —continuó— no he cometido delito de conspiración. Quienes sí lo han hecho son aquellos que, desde el Congreso y otras instituciones, han venido maquinando la caída de mi gobierno, a través de sucesivos pedidos de vacancia presidencial y otras artimañas”.
“Deben tener conocimiento, señores jueces supremos, de que, hasta la fecha, estoy incomunicado. No he tenido acceso a un número telefónico para llamar a mi familia. (…) Todo lo que se viene haciendo en mi contra es parte de una venganza política, orquestada por haber chocado con intereses de grupos de poder económico y mediático”, agregó.
El tribunal daría a conocer su decisión en un plazo breve.
Audiencia de Lilia Paredes, el 6 de enero del 2023
El juez Raúl Justiniano Romero programó para el próximo 6 de enero del 2023 la nueva audiencia para evaluar el pedido de impedimento de salida del país para la ex primera dama Lilia Paredes, sus hermanos Walter y David Paredes y el empresario Hugo Espino.
El magistrado ya había evaluado este pedido de la Fiscalía y dispuso impedimento de salida del país para Paredes y los otros investigados, pero el 15 de diciembre la Sala de Apelaciones revocó la medida y dispuso nueva audiencia pública.
Lilia Paredes logró asilo político en México, y el 21 de diciembre ella y sus dos menores hijos salieron del Perú con un salvoconducto, residiendo actualmente en dicho país.
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