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Avance. El control de la acusación contra Keiko Fujimori, el partido político Fuerza Popular y 42 dirigentes y militantes por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal logró superar el primer obstáculo del debate jurídico, en camino al juicio público al que quiere llegar el fiscal del equipo especial Lava Jato José Domingo Pérez.
Indefinición. Sin embargo, si bien el juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga Urday rechazó los 44 pedidos para archivar el proceso por lavado de activos, lo realizó posponiendo la decisión para la etapa del juicio público. Consideró que las solicitudes requieren etapa probatoria, que solo se puede realizar durante el juicio.
Apelación. La defensa de Keiko Fujimori y los otros 43 acusados apelaron para que una Sala Penal Superior de Apelaciones resuelva, sin necesidad de llegar a juicio, si los aportes irregulares o clandestinos configuran la descripción legal de lavado de activos. Si la Sala de Apelaciones les da la razón, no habrá juicio.
Suprema decisión
Antecedente. En el proceso al expresidente Ollanta Humala y el Partido Nacionalista Peruano, los abogados también plantearon que se archive la acusación de lavado de activos al considerar que los aportes irregulares clandestinos o ilegales a una campaña electoral no podían considerarse lavado de activos. Al igual que Zúñiga Urday, el juez Richard Concepción Carhuancho consideró que ese debate correspondía al juicio público. La Sala de Apelaciones respaldó la posición de Carhuancho.
Corte Suprema. Las fuentes judiciales prevén que la Sala de Apelaciones también respaldará la posición de Zúñiga Urday de debatir, recién en el juicio, si los aportes de campaña tienen relación legal con una de las fases del lavado de activos. Entonces, es de esperar que los abogados de Fuerza Popular y Keiko Fujimori recurran a la Corte Suprema, vía recurso de casación.
Repercusión. La defensa de Ollanta Humala siguió la ruta de la Corte Suprema. La Sala Penal Suprema Permanente ya accedió a revisar jurídicamente si los aportes irregulares, clandestinos o ilegales encuadran en la definición legal del delito de lavado de activos. La audiencia debe realizarse antes de fin de año. Lo que resuelva la Corte Suprema en el caso Humala tendrá repercusión en el caso Fujimori y otros similares, tanto si resuelve a favor de la Fiscalía o en contra. Sea lo que suceda en ese caso, los abogados del caso Cócteles también recurrirán a la Suprema.
Juicio público. Los recursos ante la Corte Suprema no paralizan el desarrollo del control de la acusación ni impiden que se debatan otros temas ni que la acusación se declare saneada. De hecho, el juicio al expresidente Humala, Nadine Heredia y a la PNP por los presuntos aportes que recibieron del Partido de los Trabajadores, vía Odebrecht, y del gobierno del fallecido presidente de Venezuela, está en pleno desarrollo, a la expectativa de lo que decida la Corte Suprema, y de ser el caso, su propio debate jurisprudencial. Lo mismo sucederá con el caso Cócteles.
Partido y crimen
Nuevas audiencias, nuevos obstáculos. Superado el debate del delito de lavado de activos, los abogados de Fujimori y Fuerza Popular han presentado un nuevo recurso al juez Víctor Zúñiga. Esta vez le piden que defina si los objetivos electorales de un partido político encuadran en la definición y objetivos de una organización criminal. El juez escucha y luego resuelve. El fiscal Pérez logra ganar una batalla, pero la victoria final aún está lejana.
Debate. Juez Víctor Zúñiga considera que la discusión requiere pruebas y debe verse en el juicio. Foto: difusión
Piden archivar acusación por organización criminal
La defensa de Keiko Fujimori le pidió al juez Víctor Zúñiga archivar la acusación por organización criminal al considerar que los hechos descritos por el fiscal José Domingo Pérez no guardan relación con la definición de este delito.
Los abogados explicaron que los aportes económicos de Odebrecht, Juan Rassmuss o el Grupo Romero estaban destinados a cumplir el objetivo lícito y político de obtener la presidencia del país a través de un partido político.
Además, señalan que la Fiscalía reconoce que Fuerza Popular se organizó para cumplir un fin político y que el objetivo de Keiko Fujimori es alcanzar la Presidencia de la República, lo que no tendría relación con lo que la Corte Suprema ha definido que es una organización criminal: un grupo con una estructura, cohesión y orden destinado a cometer delitos.
El juez Víctor Zúñiga continuará escuchando estos pedidos y las respuesta de la Fiscalía el 3 de octubre para luego tomar una decisión.
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