El lunes 22 de agosto, los pobladores de la comunidad San José de Saramuro, distrito de Urarinas, en la región Loreto, tomaron el río Marañón por 24 horas para llamar la atención del Gobierno regional y del Gobierno nacional sobre la antigua situación de indefensión en que se encuentran respecto a salud, educación y otros derechos.
El clamor de los comuneros no fue escuchado. Ante este hecho, junto con su organización, la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat), decidieron dar un plazo de 45 días al Ejecutivo para que una comisión de alto nivel llegue a la comunidad 12 de Octubre y se dé inicio a la implementación de los grupos de trabajo que les prometieron para atender sus demandas.
A ellos se han sumado, a través de sus federaciones, los pueblos asentados en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, que sufren el mismo abandono. Ellos anunciaron movilizaciones permanentes y la toma definitiva del río Marañón para impedir el tránsito fluvial de no ser atendidos por las autoridades del Gobierno en el plazo otorgado.
“Acá, en los pueblos indígenas, no tenemos carreteras. En ese sentido, nos queda tomar los ríos para que el Estado voltee la cara y podamos sentarnos, de igual a igual, a buscar soluciones concretas. Tenemos años sentándonos con los Gobiernos anteriores. Hace un año, el actual Gobierno nos ha cerrado las puertas”, afirma Alfonso López, presidente de Acodecospat.
El dirigente expresa su indignación por el anuncio que hizo el primer ministro, Aníbal Torres, sobre una inversión de 93 millones de soles en el plan de salud amazónico de las zonas afectadas por hidrocarburos. López lo pone en duda porque el Ministerio de Salud les ha informado que el Ministerio de Economía y Finanzas ha dicho que no hay dinero para este año y que en el presupuesto del año 2023 no los están considerando.
“La salud a este Gobierno no le importa. No le importa que vivamos con metales pesados en nuestro organismo por contaminación de hidrocarburos. Los peces que comemos están contaminados, el agua que tomamos no es apto para consumo humano. ¿Y qué nos ofrecen como solución? Agua de lluvia o que dejemos de consumir el agua y el pescado. Este es un Gobierno insensible”, cuestiona. Y exige que se concrete el compromiso del Ejecutivo de construir centros de salud donde puedan ser atendidos de sus males por contaminación con metales pesados.
También refiere que los 50 millones destinados a la remediación de lugares contaminados se están invirtiendo y ya casi se agotan; sin embargo, hasta ahora tienen 32 planes sin aprobación porque el Ministerio de Energía y Minas presenta observaciones tras observaciones que impiden iniciar el tratamiento de las zonas afectadas.
El presidente de Acodecospat insiste en que la Amazonía loretana debe ser prioridad para el Gobierno en razón a que 50 años de actividad petrolera han destruido la vida de sus hermanos.
“Han destruido nuestra cultura y nuestra relación con nuestro propio mundo porque nos ha enseñado a estar escarbando en la basura de la empresa y conseguir un pedazo de triplay para cerrar nuestras casas. Nos han enseñado a recoger una silla con una pata rota que la empresa arroja, cuando antes íbamos al bosque y encontrábamos lo necesario para vivir. Entonces, no es solo la destrucción del bosque, del medioambiente, de la vida de los seres humanos, sino de nuestro propio mundo, de nuestros conocimientos. Es grave esta situación”, reclama.
Alfonso López se dirige al Ejecutivo y le dice que quieren reanudar el diálogo, pero con un equipo de alto nivel, con ministros, incluso con el primer ministro, Aníbal Torres. Pide que se cumplan los acuerdos firmados hace un año, como la consulta previa respecto al Lote 192.
“Que quede claro, no estamos en contra de la actividad petrolera, estamos en contra del abuso. No nos oponemos a pesar de saber que nos están matando, que están destruyendo nuestro mundo, a pesar de eso sabemos que el Perú necesita de nuestro petróleo. Pero también pedimos que entiendan que queremos vivir dignamente y que respeten nuestros derechos”, subraya el representante de los pueblos cocama de la cuenca del Marañón.