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La condena en primera instancia de los empresarios madereros Hugo Soria Flores, José Estrada Huayta, Josimar Atachi Félix y Segundo Atachi Félix por el asesinato en 2014 de los líderes ambientales de Alto Tamaya-Saweto, Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima, es para sus viudas un logro después de casi 10 años de buscar justicia.
Sin embargo, ahora, ellas no pueden volver a su comunidad porque allí continúa con sus actividades madereras al menos uno de los sentenciados: Segundo Atachi Félix.
Lina Ruiz Santillán, hija de una de las víctimas, y el apu de Alto Tamaya-Saweto, Andrés Arévalo Pérez, refieren el peligro que corren en Saweto, población ubicada en el distrito de Masisea, provincia ucayalina de Coronel Portillo.
Dicen que se vengarán
Lina señala que con la sentencia se sienten solo “un poco contentas porque los familiares de los asesinos viven donde nosotros vivimos, por eso no podemos regresar a nuestra comunidad”.
Denuncian que los ha amenazado. “Nos pueden matar, así como mataron a mi padre. No podríamos regresar porque el asesino Segundo Atachi está en Saweto, sigue talando. Ahora están esperando la creciente del río para que bajen la madera”, advierte preocupada.
“Sus hijos hablan, dijeron que, si a sus padres los condenan, se van a vengar de nosotros, nos quieren matar a todos y así quedará libre nuestro territorio para ellos, eso nos preocupa mucho”, remarca.
Solicita a las autoridades que tomen acciones para protegerlos. “No queremos que esa persona esté en nuestra comunidad. ¿Dónde está el Estado? Reclamamos nuestros derechos y el de mi padre, que derramó su sangre por nuestros bosques, y por eso lo mataron los taladores ilegales”, demanda Lina.
Estoy amenazado
A sus 24 años, Andrés Arévalo Pérez es el apu de la comunidad Alto Tamaya-Saweto. Denuncia que allí la tala ilegal continúa como si nada.
“Hace una semana se ha visto árboles copaiba y pashaco tumbados dentro de nuestro territorio. Los madereros no respetan a la comunidad y nos traen muchas amenazas”, dice.
Confirma que Segundo Atachi está actuando en territorio de Alto Tamaya-Saweto. “Lo hemos visto, y también están sus familiares. De repente nos pasa algo en el camino. Tememos que nos ocurra lo mismo que a nuestros líderes”, indica.
Arévalo advierte que él también ha sido intimidado. “Hay un puesto policial cerca, en Putaya, pero no cumple con su función. Estoy recibiendo amenazas de los madereros ilegales. Se escuchan rumores de que en cualquier rato me van a matar. No me siento seguro, por eso pido al Estado que nos dé mayor seguridad en la comunidad”, refiere.
El joven dirigente de Alto Tamaya-Saweto se siente honrado de asumir el cargo que ocuparon los líderes asesinados. “Cuando estaba en el colegio, acompañé a Edwin Chota a monitorear el territorio, a hacer gestiones tanto en el Perú como en Brasil, en nuestro vecino Apiwtxa, que es parte de nuestra etnia ashéninka. Lo acompañé en su lucha durante sus gestiones para el reconocimiento de nuestra comunidad”, recuerda.
En Alto Tamaya-Saweto viven 35 familias, que implican alrededor de 120 habitantes. “Tenemos un Centro de Educación Inicial, escuela de primaria con una sola aula. Ahí estudian alumnos de los seis grados. Desde el 2015 hay un colegio de secundaria. Los tres centros fueron construidos por la población. No contamos con agua potable ni luz, la comunidad tiene muchas necesidades, estamos olvidados”, detalla la autoridad ashéninka.
Por su parte, la abogada Rocío Trujillo, de Aidesep, pide garantías para los testigos y las viudas, pero hasta el momento no las han brindado. “El riesgo se incrementa, ya que los familia-res de algunos sentenciados viven cerca de la comunidad. Hay mucho miedo, pues los comuneros viajan por el río sin ningún resguardo. Vamos a solicitar al Ministerio del Interior que implemente el puesto policial para que se otorgue protección a los deudos y a la comunidad en el contexto del incremento de amenazas y de tala ilegal en la zona”, sostiene.
Sentencia es un mensaje de justicia
El ministro consejero de la embajada de la Unión Europea, Jerome Poussielgue, pide protección para las viudas y testigos.
“Saludamos la sentencia, pero me preocupa la seguridad de las personas hasta que realmente se cumpla el fallo judicial. Esperamos que esta sentencia haga historia y sea un mensaje claro de apoyo del Estado a las víctimas y a los que trabajan en pro de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Que sea un mensaje para todos los criminales y violadores de estos derechos de que en este país sí hay justicia para todos”, manifiesta.
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