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El presidente del Consejo de Ministros se presenta hoy ante el Congreso en espera de contar con una mayoría de votos a favor de su permanencia en el cargo. Si no fuera así, se vería obligado a presentar su renuncia ante la presidenta Dina Boluarte, quien hace cuatro semanas lo escogió para reemplazar a Alberto Otárola. Gustavo Adrianzén ha procedido a cambiar seis de los dieciocho ministros, lo que puede facilitar una buena disposición de la mayoría parlamentaria. Sin embargo, lo decisivo de la escena política se juega en torno a la investigación fiscal de la presidenta Dina Boluarte. El Fiscal de la Nación ha anunciado la ampliación de la investigación para incluir más joyas de lujo y en consecuencia más dinero cuyo origen debe ser explicado. Los ministros son responsables de sus sectores y el primer ministro asume la coordinación y la vocería del gobierno. Pero la gravedad de las sospechas que pesan sobre Dina Boluarte es tal que ni el más carismático primer ministro podría convencer a una opinión pública cansada de escándalos e indicios de corrupción. La crisis política no va a ser resuelta en el Congreso sino en la Fiscalía. El país necesita que la presidenta acuda a la convocatoria fiscal y aclare lo que pueda ser aclarado. Su narrativa de victimización no funciona en un país que ya ha escuchado a sucesivos gobernantes que se han erigido por encima de la justicia para proclamar sus inocencias. Por si hiciera falta, el presidente del Poder Judicial ha declarado ayer que las diligencias fiscales se han llevado a cabo en el marco de la ley, incluyendo el descerraje de la puerta del domicilio de Dina Boluarte. No se trata de fragilizar la gobernabilidad de nuestro país en momentos en que algunos indicadores parecen anunciar una recuperación económica. Pero nada perjudica más la confianza de ciudadanos e inversionistas que la sensación de impunidad.
Las cosas como son
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