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El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente el habeas corpus presentado por Carlos Huerta Escate, defensa del expresidente Pedro Castillo, quien permanece en el penal Barbadillo mientras es investigado por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. “El Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, ha resuelto declarar improcedente la demanda”, se lee en la resolución.
El Tribunal Constitucional determinó que el exmandatario atentó en contra del orden constitucional del país. Asimismo, calificó de “reprochables” los argumentos del exjefe de Estado al justificar su decisión golpista.
“Resquebrajó abiertamente el orden constitucional en el Perú y supuso la ejecución de un golpe de Estado; resulta reprochable que incluso haya pretendido justificar ese acto como si existieran razones válidas y legítimas que pudieran haber viabilizado constitucionalmente lo que hizo”, sustentó.
TC respalda vacancia de Castillo
Además, la Corte Constitucional respaldó la vacancia de Pedro Castillo argumentando que el Congreso actuó con “legítima celeridad” al tratarse de una “situación excepcional de emergencia” y en defensa del orden constitucional.
Asimismo, el TC apuntó que Castillo Terrrones vulneró “grotescamente” la democracia al anunciar, en un mensaje a la Nación, su decisión de cerrar el Poder Legislativo e implantar un gobierno de facto, “con la consiguiente destrucción o aniquilamiento de las instituciones republicanas”.
Justamente, por esta razón, el Tribunal comunicó que no resulta aplicable para Pedro Castillo el procedimiento del antejuicio previsto en el artículo 89 del Reglamento del Congreso.
Por otra parte, el TC también respaldó la detención de Castillo Terrones y aseguraron que no presentó “incidencia negativa, directa y concreta en el derecho a la libertad individual o su variante de libertad personal”.
Pedro Castillo: ¿por qué el exmandatario es investigado por el delito de rebelión?
Según la Fiscalía, Pedro Castillo es investigado por el presunto delito de rebelión y conspiración en la modalidad de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública en agravio al Estado. Por tal motivo, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley Soria dictó 18 meses de prisión preventiva.
La hipótesis del Ministerio Público se marca en el mensaje de la nación que dio el 7 de diciembre de 2022 el expresidente al anunciar el cierre del Congreso y nuevas reformas en el sistema judicial.
Además, se argumentó que Castillo Terrones, para lograr su cometido, se comunicó con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro Alvarado, y le pidió que intervenga el Parlamento y proceda con la detención de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
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