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La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada necesita jueces, un mínimo de 12 magistrados titulares, para juzgar los más complejos, complicados y peligrosos procesos contra las mafias políticas y del crimen organizado que operan en el país.
Con este objetivo, el 18 de marzo último, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial lanzó una convocatoria a nivel nacional a todos los jueces y jueza especializados y superiores para, previa evaluación, desempeñar funciones en las salas y juzgados de la Corte Penal Nacional, con sede en Lima.
La convocatoria cerró a la medianoche del 27 de marzo y los resultados, salvo inscripciones de última hora, no fueron los mejores. Muy pocos jueces desean venir a esta corte y de los que llegan, son menos los que deciden continuar.
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Creada el 2018, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal no cuenta con jueces titulares propios. Si bien todos sus integrantes son magistrados titulares, ellos pertenecen a otras cortes superiores de justicia del país que luego de ser seleccionados son destacados a préstamo a Lima.
La convocatoria del 18 de marzo era para jueces superiores titulares, jueces especializados que cumplen los requisitos para ser designados jueces superiores titulares y jueces especializados.
En principio, el CEPJ desea contar con una base de magistrados dispuestos a integrar esta Corte, ante la eventualidad de que alguno de los actuales no pueda continuar.
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En segundo lugar, lo que es más preocupante, la corte necesita con suma urgencia incrementar el número de Juzgados Penales Colegiados, a cargo de los juicios públicos. En los últimos meses y semanas, el Ministerio Público ha presentado más de 180 acusaciones ante los 10 Juzgados de Investigación Preparatoria, que tras el control respectivo pasaran a juicio. Hay acusaciones del caso Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto, la red Orellana, corrupción en regiones y crimen organizado común: narcotráfico, lavado de activos, extorsión, secuestros.
Falta de motivación
Sin embargo, pocos jueces se sienten motivados a venir pues no hay incentivos económicos adicionales. En casos de magistrados de los distritos judiciales del interior del país, suponen gastos personales y familiares por el traslado, que deberán cubrir con el mismo sueldo.
Además, si bien trabajar en la corte puede generar mucho prestigio, una sola mala decisión hoy o en el pasado puede significar la ruina. Los magistrados de la Corte Nacional están más expuestos al escrutinio público y de las autoridades de control que los que trabajan fuera de Lima.
Los jueces de la Corte Penal Nacional están por vocación de servicio o en busca de lograr méritos para un ascenso en sus propias cortes, al regresar, o en camino a la Corte Suprema.
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Presupuesto
Por otro lado, el Poder Judicial se enfrenta a falta de presupuesto para atender las 180 acusaciones que deben pasar a juicio público. Los cuatro Juzgados Colegiados actuales no se darán abasto.
El presidente de la corte, César Sahuanay, y la presidenta del Equipo Técnico de Implementación del Código Procesal Penal, Elvia Barrios, evalúan cómo atender esa cantidad de juicios. Se necesitaría duplicar los actuales juzgados colegiados, para lo que se requiere un presupuesto que no existe actualmente.
Necesidad de crear más juzgados y salas
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, señaló que existe la voluntad de crear más juzgados y salas para atender casos complejos, pero esto no es posible por falta de presupuesto: sueldos de jueces y personal jurisdiccional, oficinas y material. Al contrario, se establecen reglas de austeridad que restringen aún más el presupuesto del sistema judicial, advirtió Arévalo.
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