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En los detalles están las maniobras ocultas del Congreso. Sobre todo, cuando se trata de inclinar interpretaciones jurídicas a favor de sus pretensiones. El martes 23 de enero fue así: la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) sesionó y votó un informe de calificación de una denuncia constitucional formulada por un excandidato a congresista, Gregorio Torres Cayetano, de Avanza País, contra los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La denuncia de este militante de Avanza País fue porque supuestamente los integrantes del máximo tribunal electoral cometieron fraude en las elecciones generales del 2021, cuando lo excluyeron de carrera. Sin embargo, la Subcomisión no encontró elementos para dar luz verde al trámite de esta acusación constitucional y su informe recomendó declararla improcedente.
El documento fue aprobado sin debate con 21 votos a favor.
Avanzan. La Subcomisión abrió el camino para el juicio político contra el titular del JNE. Foto: difusión
A simple vista, no pasó nada grave en la Subcomisión y tampoco con el informe que mandó al archivo dicha denuncia.
Leguleyada congresal
Pero no es así. La República accedió al informe de calificación que declaró improcedente esa acusación y detectó una interpretación peligrosa contra los organismos electorales.
El dictamen considera inviable la imputación, pero a su vez sostiene que los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, que representan a la Corte Suprema del Poder Judicial y al Ministerio Público, sí son pasibles de antejuicio y juicio político.
“Queda claro que al presidente del Jurado Nacional de Elecciones le corresponde la garantía del juicio político”, sostiene el informe. Y agrega: “Resta analizar si procede el juicio político respecto de los demás integrantes del Jurado”, es decir, de los magistrados que representan al Colegio de Abogados y a los decanos de las universidades públicas y privadas.
¿Cuál es el alegato que usan en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales?
El artículo 99 de la Constitución señala que altos funcionarios pueden ser sometidos a antejuicio y juicio político. No menciona a los titulares del JNE, la ONPE y del Reniec. Sin embargo, en esta comisión consideran que “el presidente del Jurado, como juez de la Corte Suprema de Justicia, es sujeto a control político como cualquier otro de los dignatarios enumerados”.
Ergo, la SAC considera que el magistrado Jorge Luis Salas Arenas, titular del JNE, puede ser sometido a juicio político como juez supremo. De esta forma, la Subcomisión deja la puerta abierta para que Salas Arenas sea procesado como representante de la Corte Suprema, pero no por hechos cometidos en su función en el Poder Judicial, sino en el Jurado.
El TC preparó el camino del Congreso
El año pasado, el Tribunal Constitucional, en una sentencia de un conflicto competencial, exhortó al Congreso a reformar el artículo 99 de la Constitución para incluir a los representantes de los organismos electorales como pasibles de acusación constitucional.
Hasta la fecha, el Congreso no ha realizado tal modificación. Y saltándose ese proceso, alertó el abogado Jorge Jáuregui, pretende forzar una interpretación de la ley para poder acusar al magistrado Salas Arenas en su calidad de juez supremo, en vista que la Constitución, por ahora, prohíbe hacerlo en su condición de presidente del JNE.
Este diario le escribió a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la congresista de Alianza para el Progreso (APP), Lady Camones, para obtener una explicación al respecto. Pero, al cierre de esta nota, no respondió.
Las reales intenciones
El trasfondo, advirtieron fuentes de este diario que estuvieron presentes en el debate del martes 23, es preparar el terreno para la denuncia constitucional de la congresista de Avanza País, Rosselli Amuruz.
El 28 de febrero, la también tercera vicepresidenta del Congreso y pareja del excongresista Paul García, denunció a Salas Arenas por supuestamente haber infringido los artículos 38 y 39 de la Constitución con la contratación de servicios del politólogo Fernando Tuesta y por haber designado al abogado Vicente Sánchez como accesitario del magistrado Jorge Rodríguez Vélez. Amuruz alegó que el titular del JNE incumplió la ley de contrataciones del Estado y el principio de legalidad.
Bajo esa premisa, exigió un juicio político. Como se sabe, este tipo de procedimientos tiene como máxima sanción la inhabilitación de la función pública. A mediados del 2023, con ello, el Congreso logró sacarse del camino a la exfiscal suprema Zoraida Ávalos.
Este 2024 van por Salas Arenas, pese a que el mandato del magistrado vence este año.
Cuando este diario le pidió una explicación a Amuruz, luego de conocer que presentó esa denuncia sin que la Constitución contemple acusar a los titulares de las instituciones electorales, la congresista, a través de sus asesores, respondió con los mismos argumentos que maneja la Subcomisión de Acusaciones: Salas Arenas puede ser procesado en juicio político en su condición de juez supremo del PJ por hechos acontecidos en su periodo en el Jurado.
Pero actualmente Salas Arenas es juez electoral y se encuentra de licencia sin goce de haberes. En los hechos, no se está desempeñando como miembro de la Corte Suprema, sino como representante del PJ ante el JNE.
Proceso en marcha
Pero eso no detiene al Congreso. La denuncia de Amuruz ya está en trámite. El 6 de junio del año pasado, Camones dio cuenta de esta. Falta que presente su informe de calificación. El peligro para el JNE es que esta vez sí la declaren procedente. Fuentes, con conocimiento de esta nueva embestida, aseguran que el magistrado Jorge Salas evalúa enviar un oficio cuestionando la interpretación de la Subcomisión.
Las maniobras del Congreso no cesan en un año clave para el sistema electoral.
En septiembre vencen los mandatos del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y de la titular del Reniec, Carmen Velarde. Dos meses después, terminará el de Salas Arenas. Y también culminan su período los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Y la JNJ elige a los titulares de la ONPE y del Reniec, y ratifica a los jueces.
En el JNE se preguntan: ¿por qué quieren inhabilitar a un magistrado que ya se va este año? Para el abogado Jáuregui, se trata de enviar una advertencia a las nuevas autoridades electorales: si no se alinean, deberán lidiar con un juicio político. “Van a estar sometidos al control de los partidos del Parlamento”, alertaron fuentes de este diario presentes en aquella sesión del 23 de enero.
Cuatro proyectos contra entes electorales
Las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Fuerza Popular presentaron a inicios del año pasado cuatro proyectos de ley para que la Constitución permita acusar a los titulares del JNE, la ONPE y el Reniec. Las iniciativas se encuentran en la Comisión de Constitución del Congreso, que actualmente preside la fujimorista Martha Moyano. Aún estas propuestas no tienen dictamen listo.
Se trata de iniciativas de reforma constitucional. Así sean aprobadas en la comisión de Moyano, requieren de 87 votos a favor en dos legislaturas distintas. Y en el Congreso están contra el reloj, pues este año vence el mandato de todas las autoridades electorales.
Recordemos que, en 2021, Keiko Fujimori denunció la existencia de un fraude electoral luego de perder por tercera vez en su carrera política una elección presidencial.
El JNE y la ONPE fueron instituciones claves para rechazar de plano las acusaciones del fujimorismo, que no reconoció los resultados electorales. Luego de perder también por la vía legal, Fujimori y sus aliados —que están en APP, AP, Avanza País y otras agrupaciones de este Congreso— impulsaron la narrativa de que no ganó por culpa de Salas Arenas y Corvetto. Sus satélites, por eso, buscan vengarse de ambos funcionarios.
Interpretación forzada
Con este informe de calificación, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deja el camino libre para someter a los organismos electorales.
Para la Subcomisión, sí se puede acusar al presidente del JNE, pero no en su condición de magistrado, sino como juez supremo que representa al PJ en el Jurado.
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