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La demanda competencial que la suspendida fiscal suprema y fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) podría restringir las funciones sancionadoras de dicha institución, más allá del caso Benavides.
Así lo indicó el abogado de la JNJ, Samuel Abad Yupanqui, al presentar su informe legal, en representación de la JNJ, ante el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Pedro Hernández Chávez. En la misma audiencia, Hernández escuchó al abogado Aníbal Quiroga, en representación del Ministerio Público.
Este caso se encuentra al voto desde el 2 de noviembre del 2023. El TC debió tomar una decisión, a más tardar el 15 de diciembre, el mismo día que Hernández juró como magistrado constitucional.
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Hace cinco días, se informó que el 21 de diciembre, el TC habilitó a Hernández para que intervenga en la demanda competencial promovida por Benavides y otros casos.
Luego de escuchar a Aníbal Quiroga y Samuel Abad, Hernández dejó el caso al voto, sin precisar si volverá a contabilizarse el plazo de 30 días útiles o mucho antes se conocerá la resolución final.
La demanda competencial plantea que el Tribunal Constitucional defina si la JNJ puede investigar y sancionar al presidente del Poder Judicial (PJ) y al fiscal de la Nación y titular del Ministerio Público (MP), por acciones administrativas y de gestión propias del cargo.
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Aníbal Quiroga precisó que las funciones de la JNJ solo establecen investigar a jueces y fiscales supremos por su labor jurisdiccional al administrar justicia, pero no cuando ejercen la dirección del PJ y MP.
En estos casVos, señaló, la investigación correspondería a la Sala Plena de la Corte Suprema o la Junta de Fiscales Supremos y, en caso de delitos, al Congreso.
Samuel Abad respondió que esa precisión limitaría las funciones de la JNJ que desde la época del Consejo Nacional de la Magistratura siempre investigó y sancionó al presidente del PJ, Cortes Superiores, fiscal de la Nación y presidente de Juntas por decisiones de gestión.
Denuncia a Soto y Cerrón por ley forestal
La ciudadana Angela Pautrat denunció al presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, y al vicepresidente Waldemar Cerrón Rojas por infracción constitucional al promulgar la ley forestal que pone en peligro los bosques en el Perú. La denuncia fue presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
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