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Imelda Tumialán asumió la presidencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en un año complicado, en el que fueron blancos de ataques del Congreso. Al dejar el cargo, hace un balance de su gestión y señala que uno de los motivos de la persecución contra ellos es que este año les toca evaluar o elegir a los jefes de ONPE y Reniec.
—Está a punto de dejar la presidencia de la JNJ, y le tocó el año más difícil, ¿no?
—Así es. De los cuatro años, ha sido el más duro. Los tres primeros años fueron nuestras propias actividades. El primer año tocó organizar y expedir los reglamentos para nuestro trabajo en las tres funciones que tenemos: selección y nombramiento de jueces y fiscales a nivel nacional, ratificación y evaluación. Y también es necesario precisar el trabajo de la comisión especial de los casos que había visto el CNM (Consejo Nacional de la Magistratura).
—Haciendo una evaluación, ¿por qué cree que el 2023 en el Congreso se agudizó la persecución contra ustedes?
—Por varios aspectos. Primero porque la Junta tiene también la función de nombrar a los jefes o jefas de ONPE y Reniec, y este año justo debemos evaluar el accionar de los que hemos nombrado el 2020, renovarles o convocar a otros. Otro aspecto, con las investigaciones preliminares más emblemáticas que se iniciaron este año, que visibilizaron la importancia de la Junta.
Tumialán de pequeña con sus padres. Foto: Imelda Tumialán
—Como la investigación a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides…
—Entre otras. Y ya ustedes conocen muy bien las acciones que han venido desde el Congreso. Primero vinieron las denuncias constitucionales, la mociones, una investigación sumarísima que nos iniciaron y la investigación preliminar en la Fiscalía de la Nación a raíz de un supuesto hecho que enfáticamente hemos negado, y que en la investigación se está aclarando, pues el presidente del Poder Judicial, tanto en el Congreso como a nivel fiscal, ha señalado que en ningún momento hemos conversado con él, y menos lo hemos presionado. Está en juego la defensa de la institucionalidad, de la independencia judicial, que es un principio básico de un Estado democrático y garantiza los derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso. Personalmente, sí, ha sido un año difícil, pero hay que tener la firmeza de defender los principios de un Estado constitucional, tarea que no inicié en la Junta, sino en toda mi labor profesional.
—Usted se hizo conocida por las denuncias que presentó por violaciones a derechos humanos en Huancayo…
—Denuncia que recibía, denuncia que tramitaba, haciendo visitas a la Policía, a la morgue, a los hospitales, al cuartel. Pido audiencia con el general, el comandante de la 31 División de Infantería, y al comienzo no me atendían, pero con perseverancia logro que me atienda el jefe de Estado mayor… En junio de 1991 recibí una denuncia de la desaparición de un alumno de la Universidad (del Centro) y un mes después vino su familiar y me dijo que llegó a su casa, que se había escapado del cuartel donde había sido maltratado. La primera acción que hacemos es sacarlo de la zona con ayuda de la Iglesia, y entonces denuncia que había violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. Continuamos visitando cuarteles y dependencias policiales.
—¿Encontraba detenidos?
—Sí. En las dependencias policiales inmediatamente se verificaba si el fiscal había intervenido, y en los cuarteles se logró la restitución del derecho a la libertad de varias personas. Y eso está en el informe que alcancé a la entrega del cargo.
—Algún caso que recuerde…
—El 5 de diciembre de 1991 hubo una intervención a la Universidad Nacional del Centro, en que se detuvo a estudiantes y profesores. Acudo, pido la presencia del fiscal penal para que intervenga en las investigaciones necesarias, y los militares acceden a que la investigación tenían que hacerla la Policía y el fiscal de turno. En 1992 seguían las denuncias hasta que en 1993 empieza la etapa de la pacificación, en la que ayudo.
—Pueden calificarla como una fiscal “roja”. ¿Vio casos cometidos por terroristas?
—También. Recuerdo una intervención de terroristas a una comunidad nativa en 1993, en la que 78 pobladores fueron ejecutados, entre ellos niños. Encontramos 9 niños que quedaron huérfanos, que no querían subir al avión para llevarlos a Lima, y logramos que se unan el alcalde, el comité de damas y el juez de paz para que se pudieran quedar en la parroquia.
Tumialán con sus hermanos. Foto: composiciónLR/Imelda Tumialán
—También se le recuerda por los casos de homonimia…
—Desde la Defensoría del Pueblo, trabajamos por el derecho a la libertad de más de 300 personas detenidas arbitrariamente por homonimia. Visitábamos las dependencias, especialmente la División de Requisitorias. La norma exigía nombre y apellidos completos; sin embargo, por similares nombres o falta de datos de identidad en los oficios de captura, había personas vulneradas en su derecho a la libertad. Trabajamos de forma interinstitucional, y con dos resoluciones de la OCMA que nos ayudaron a identificar el problema, pues había más de 500 órdenes de captura sin datos de identidad, las que fueron retiradas del sistema porque eran ilegales. Además, hicimos un trabajo en ocho distritos judiciales y en el sistema encontramos que el 68% de los mandatos de detención eran ilegales, y en dos años de trabajo continuo se disminuyó al 1,8%. Se logró con la voluntad de los operadores de justicia.
—¿Cuándo iniciarán el proceso en el caso de los jefes de ONPE y Reniec?
—El doctor Antonio de la Haza (nuevo presidente de la JNJ), a quien auguro lo mejor, lo señalará en su plan de trabajo. La norma señala que ellos estarán en el cargo por cuatro años y luego viene una evaluación o la convocatoria para nombrar otros. Eso lo decide el Pleno de la Junta. Todas nuestras decisiones son colegiadas y transparentes, vía audiencias con la tecnología que lo permite, redes sociales de comunicación. Y en los procesos de selección y nombramiento y ratificación damos prioridad a la participación ciudadana, recibimos los cuestionamientos, los trasladamos para que nos brinden información y luego evaluamos.
—Antes de su presentación en el Congreso, la entrevisté y usted estaba muy confiada en que los congresistas no los removerían. ¿Sigue pensando lo mismo?
—Sí, confío. Ha sido un año difícil. Hemos aprendido, hemos logrado que respeten nuestros derechos, como lo hacemos con todas las personas que están siendo investigadas en la Junta. El Congreso tiene la gran responsabilidad que el pueblo le ha dado para llevar a cabo sus acciones. Tengo mucha muchísima confianza.
—La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que está viendo una denuncia en vuestra contra, ¿ha enviado sus encargos? ¿Los ha citado?
—Todavía. Ya se han remitido los descargos, se han contestado sus interrogantes. Deben estar evaluando. Cuando terminen, nos notificarán.
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