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Las familias Fujimori y Ramírez están vinculadas desde la reelección, previo cambio de Constitución del patriarca nipón, en 1995. Para entonces, los empresarios visitaban Palacio de Gobierno más de una vez. Fidel Ramírez, otrora dueño de la Universidad Alas Peruanas (UAP), se reunía con la entonces primera dama, Keiko Fujimori, y asistía a la sede del Ejecutivo en compañía del exembajador en Japón Víctor Aritomi Shinto, cuñado de Alberto, y Rosa Fujimori. Las imágenes del cónclave fueron vistas más de una década después. La muerte del propietario de la casa de estudios posibilitó que los socios de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas, integrada en su mayoría por integrantes (r) de las Fuerzas Armadas, decidiesen colaborar con la justicia peruana y exponer documentos de los Ramírez —entre ellos, el álbum genealógico.
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El 25 de julio de 2019, la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos decidió ir tras el rastro de Keiko Fujimori, Joaquín Ramírez —sobrino de Fidel— y consanguíneos de ambos. Casi cuatro años después, el magistrado Víctor Zúñiga Urday los sindicó como partícipes de una presunta organización criminal que habría cometido el ilícito de lavado de activos en perjuicio de la UAP y el Estado.
Es por eso que, este 11 de abril, agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú incautaron 243 bienes materiales. En total, son 171 propiedades en todo el país, entre 111 vehículos y aeronaves.
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Estructura
El supuesto clan criminal tendría como brazo político a la tres veces fallida candidata presidencial del Perú, Keiko Fujimori, y su exasesor Pier Figari. Ellos habrían captado fondos ilícitos para conseguir poder en dependencias del Estado y así blindar a la organización delictiva.
El brazo comercial sería integrado por la familia Ramírez. Hay varios nombres apuntados por el Ministerio Público: Joaquín Ramírez, Osías Ramírez, Rosa Castañeda, Luisa Gamarra de Ramírez, Edmon Jordan Montes, Harold Morales, Marcos Aponte, Maribel Ramírez, Marco Antonio Urteaga, Nancy Gallegos de Vela, Nancy Ramírez Gallegos y Yohny Ramírez. Todos ellos habrían utilizado empresas fachada para beneficiarse con ganancias ilícitas.
El año clave fue el 2016. Keiko Fujimori tentó por segunda vez la máxima jefatura del país, pero perdió. Joaquín Ramírez servía al partido naranja como asesor.
En el documento fiscal al que tuvo acceso La República se lee: “Toda esta defectuosa organización y el conocimiento del riesgo con la realización de los delitos fue con la finalidad de cometer estos ilícitos que sirvan para desviar los fondos a los integrantes de la organización criminal (…) para que una parte termine siendo transferida al Partido Político Fuerza Popular y Keiko Sofía Fujimori Higuchi a través de aportes de campaña”.
El testimonio del expiloto Jesús Vásquez Ybañez también sirvió como indicio. El mismo año de esos comicios generales, el trabajador reveló que Joaquín Ramírez “lavó” US$15 millones para financiar a la heredera de la dictadura. La modalidad para blanquear el dinero, recordó que le dijo el propio empresario, fue un negocio de grifos.
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