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El futuro político y legal de Betssy Chávez estará en las manos del Congreso de la República en las próximas semanas cuando se vote en el Pleno el informe final en su contra, que recomienda acusarla por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración, en calidad de coautora, debido al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. A esto se suma su posible desafuero parlamentario, el cual se daría a través de una suspensión de su cargo como congresista mientras duren las investigaciones.
Según los procedimientos parlamentarios, ese día en el Pleno se realizarán dos votaciones para el caso de Betssy Chávez. En la primera votación, se requiere una mayoría simple del total de congresistas, no pueden participar los integrantes de la Comisión Permanente, para dar luz verde al Ministerio Público y para que proceda con las investigaciones contra la exjefa de la PCM por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Tras ello, con la misma cantidad de votos, se emitirá su posible suspensión y desafuero parlamentario.
De alcanzarse los votos, Betssy Chávez quedaría suspendida e ingresaría, en su lugar, a ocupar su escaño en el Parlamento su accesitario y nuevo representante de la región Tacna. Al no existir una sentencia que cancele su mandato como legisladora, el Congreso de la República se verá obligado a seguir depositándole su remuneración en una cuenta del Banco de la Nación, a la cual podrá acceder de ser absuelta. En el caso contrario, el dinero regresará al Poder Legislativo.
En diálogo con La República, el constitucionalista y experto en temas parlamentarios César Delgado Guembes explicó lo siguiente: “Como está suspendida y no hay sentencia que cancele su mandato, los emolumentos son depositados en una cuenta. Si es absuelta, se le entrega el íntegro tras el conocimiento de la sentencia. Si es condenada, el monto revierte al presupuesto del Congreso”.
De la misma opinión es Hugo Rovira, ex oficial mayor del Parlamento: “Se deposita en una cuenta especial del banco de la Nación y, de ser absueltos, se les entrega el monto. De no ser absueltos, el monto revierte al tesoro público”.
El caso de la excongresista aprista Tula Benites
En marzo de 2023, la Mesa Directiva del Congreso, presidida por José Williams, autorizó el pago de los sueldos que se le retuvo a la excongresista aprista Tula Benites luego de que fuera suspendida en 2008 al aprobarse la acusación constitucional por los presuntos delitos de peculado, colusión y falsedad genérica. Se le privó de sus derechos parlamentarios por la contratación fantasma del auxiliar de su despacho Juan Carlos Cuadros Noriega.
El acuerdo de la Mesa Directiva invoca el artículo 25 del Reglamento del Congreso, que establece que las remuneraciones de un legislador suspendido por acusación constitucional son depositadas en una cuenta especial de la que el parlamentario no puede disponer. Si el Poder Judicial absuelve al congresista de los cargos, se le entregará el monto acumulado. Este fue el caso de Benites Vásquez.
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