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Jefa de Estado es investigada preliminarmente por el Ministerio Público por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves; pero ella no es la única integrante del Ejecutivo en esta situación, pues algunos de sus ministros cuentan con carpetas fiscales abiertas.
La primera investigación fiscal que se le abrió a los integrantes del actual Gobierno fue la indagación preliminar —anunciada el 10 de enero— contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves a raíz de las decenas de muertes generadas en el marco de la represión policial para controlar las protestas contra la actual gestión. Están comprendidos tres de sus ministros y dos exministros. Se inició así un flujo de indagaciones a nivel del Ministerio Público contra integrantes del Consejo de Ministros.
Alberto Otárola (PCM)
En la investigación por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves también está comprendido Alberto Otárola, en su calidad de presidente del Consejo de Ministros. En ella se indaga los presuntos actos de violencia cometidos entre diciembre del 2022 y enero del 2023, en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
El 14 de febrero, el Ministerio Público abrió otra investigación preliminar contra el jefe del gabinete ministerial como presunto instigador por el delito de colusión agravada. Eso debido a la denuncia por la contratación de su cuñada Carola Gisella Rodríguez Bringas como asesora del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con un suelo de S/15.500.
Alfonso Adrianzén (Trabajo)
Otro integrante del Consejo de Ministros investigado por el Ministerio Público es el titular de Trabajo, Alfonso Adrianzén Ojeda, quien es señalado como presunto responsable del ilícito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo al advertirse un pago de S/ 41 000 520 de EsSalud a la empresa Aiona Technology Corporation SAC. Fue en febrero del 2023 que, durante la gestión del presidente de EsSalud, Aurelio Orellana, se recomendó el desembolso de esta fuerte suma de dinero del Estado.
En la denuncia contra Alberto Otárola por colusión agravada por la contratación de su cuñada en el Ministerio de Trabajo, también está comprendido el titular de esta cartera en calidad de autor. Este funcionario trabajó como asesor de Otárola cuando este era ministro de Defensa. Luego, al pasar a la PCM en reemplazo de Pedro Angulo Arana, lo llevó como titular del Mintra.
Jorge Chávez Cresta (Defensa) y Vicente Romero (Interior)
El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, también está comprendido en la investigación por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, junto con la presidenta de la República, Dina Boluarte, y otros ministros y exministros de Estado. Esto debido a que él tiene a su cargo el accionar de las Fuerzas Armadas, las cuales tuvieron un rol protagónico durante el control de las manifestaciones en diversas regiones del país.
Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Romero, es investigado por el presunto delito de omisión de actos funcionales por la intervención policial realizada el último 21 de enero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde se detuvo a casi 200 personas, entre alumnos y manifestantes provenientes del sur del país.
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