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A pesar de que en la Comisión de Descentralización del Congreso se buscaba eliminar los cargos de prefectos y subprefectos, fue por decisión de la presidenta de la República, Dina Boluarte, que se procedió a cesar a 312 de los segundos. Semanas antes se había removido del puesto a 24 de los primeros, acusándolos de ser operadores políticos del caído gobierno del vacado exmandatario Pedro Castillo, hoy preso en el penal de Barbadillo tras el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre.
Una de las primeras gestiones de la presidenta Boluarte fue transformar en un cascarón los puestos de prefectos y subprefectos, los cuales —de acuerdo con la Constitución— operaban como autoridades administrativas a nivel regional, pero que en la práctica se convirtieron —durante la era Castillo— en un engranaje clave de su gobierno. Estos están supeditados al Ministerio del Interior.
A interpretación Rubén Vargas, exministro del Interior, los cargos de prefecto y subprefectos quedaron desfasados con la Constitución de 1993, en la cual se daba mayor peso a los procesos de descentralización: “Las funciones y responsabilidades de las autoridades políticas, en este caso de los prefectos y subprefectos, quedan absolutamente desfasados a la luz de la descentralización y la modernización, especialmente del Ejecutivo. Antes, con la Constitución del 79, cumplían algunas funciones de gobierno interior, pero después, con el marco de la Constitución del 93, sus funciones quedaron absolutamente desfasadas”.
En esta línea, el extitular del Mininter consideró —en diálogo con La República— que estos funcionarios no brindaban un servicio real a la población y, por lo tanto, su cese no representa una afectación a la gestión del Estado: “No brindan ningún servicio efectivo a la ciudadanía, se habían convertido solo en una bolsa de trabajo del partido político de gobierno o del círculo más cercano del presidente. En realidad, eran funcionarios públicos de un sistema ya superado que, por razones políticas, no fueron desactivados”.
De la misma opinión es José Luis Ramos Salinas, sociólogo y analista político de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, quien añade que, desde la gestión de Alberto Fujimori, hubo un resquebrajamiento en las funciones reales de los prefectos y subprefectos: “Están bajo un esquema de clientelaje. Bajo esa figura de papá gobierno, la gente siente que las cosas que se hacen desde el Estado se hacen gracias al presidente. Es por eso que las prefecturas jugaron un papel importante en la dictadura de Fujimori, Toledo va a seguir con el mismo estilo, pero desde su salida la figura del prefecto y subprefecto se diluye bastante y es casi un cargo que se entrega en agradecimiento a quienes apoyaron en la campaña”.
Nuevos prefectos podrían responder a Dina Boluarte
La eliminación del cargo de prefectos y subprefectos se encuentra en la Comisión de Descentralización, por lo que será decisión del Congreso de la República, con una votación en el Pleno, que concrete esta iniciativa. En tanto, los puestos cesados por Boluarte quedan libres a la espera de que el actual Gobierno designe a nuevos funcionarios.
Al respecto, Ramos Salinas considera que el cese de estos no afectará a la estructura del Estado, dado que lo más probable es que se redistribuyan las funciones que tenían estos servidores públicos a otras: “Lo que va a ocurrir es que van a ser reemplazados por perfectos y subprefectos que gozan de la confianza de la Sra. Dina Boluarte y ojalá que, cuando esto ocurra, no estemos viendo vinculación de estos cargos con quienes perdieron las elecciones”.
Finalmente, Rubén Vargas recuerda que los exprefectos y exsubprefectos tienen el derecho constitucional de continuar manifestándose contra el Gobierno de Dina Boluarte, pero no pueden ser financiados por el Estado: “Están en su derecho constitucional de protestar, de realizar sus manifestaciones en contra del Gobierno o exigiendo acciones reivindicativas, es parte del juego democrático. Lo que no van a poder hacer estos prefectos es seguir usando el dinero público de nuestros impuestos para seguir actuando como operadores políticos, no tenían derecho a eso”.
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