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El expresidente Pedro Castillo Terrones continuará detenido en la sede de la Diroes por otras 48 horas más. Luego, lo más probable es que pase al centro penal de Barbadillo para cumplir prisión preventiva por hasta 18 meses.
Ayer se cumplieron los siete días de detención judicial que le impuso el juez Juan Carlos Checkley, luego de ser detenido en flagrancia, el 7 de diciembre último, tras fracasar en su intento de dar un golpe de Estado.
La detención se amplió de oficio. Castillo debe continuar privado de su libertad hasta que el juzgado evalúe, en una audiencia pública, el pedido de prisión preventiva planteado por el fiscal supremo Uriel Terán, de la Segunda Fiscalía Suprema Penal.
La audiencia virtual se instaló ayer a cargo del juez Checkley y la participación del fiscal supremo Alcides Chinchay. Además, participaron los abogados del expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres, Wilfredo Robles y Duberlí Rodríguez, este último exjuez de la Corte Suprema y expresidente del Poder Judicial.
Sin embargo, a fin de dar tiempo a la defensa para que se preparen, los alegatos recién se realizarán este jueves 15 de diciembre, desde las 8:30 de la mañana, con participación de todos los abogados.
Abogado de oficio
La defensa del expresidente no se hizo presente a la audiencia. Cerca de la hora prevista, 9:30 de la mañana, el abogado Ronald Atencio declaró a la prensa en la puerta de la Diroes.
Indicó que no se le había permitido comunicarse con su cliente y que tampoco le había llegado la notificación judicial, por lo que no le era posible participar en la audiencia.
“¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia”, escribió el expresidente en sus redes sociales.
Un policía se contactó con el tribunal e informó que Castillo se había negado a recibir la notificación judicial para la audiencia y el requerimiento de la Fiscalía.
Ante esta situación, el juez dispuso que un abogado de la Defensoría Pública se encargue de la defensa del expresidente. Este encargo lo asumió el abogado Ítalo Díaz.
Por su parte, Wilfredo Robles, abogado del expremier, solicitó que se le conceda un plazo para leer los documentos de la Fiscalía. Anotó que Aníbal Torres se encontraba delicado de salud.
El fiscal Alcides Chinchay consideró prudente otorgar dicho plazo. El abogado de oficio también pidió tiempo para prepararse.
Prisión preventiva
Así, el pedido de prisión preventiva se empezará a evaluar hoy y es muy posible que sea acogido por el juzgado. Es decir, que el expresidente Castillo cumplirá los 18 meses de prisión preventiva.
Los hechos atribuidos al expresidente de pretender dar un golpe de Estado están suficientemente probados y la pena que recibiría es de un mínimo de cinco años. Por lo tanto, lo que se debe evaluar son los peligros procesales.
Fiscal. Alcides Chinchay sustentará la prisión preventiva.”La Fiscalía insistirá en que existe peligro de fuga ante la posibilidad de que Castillo se asile en México”. Foto: difusión
Al dictársele detención judicial, el Poder Judicial ya estableció que Pedro Castillo buscó asilarse en la Embajada de México, lo que le permitiría salir del país y evadir las investigaciones en su contra. Un hecho que públicamente ha sido confirmado por las autoridades de México.
Esto aseguraría que se le dicte la prisión preventiva hasta por los 18 meses. Castillo puede apelar para que la decisión se revise.
Colaboración eficaz
Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las investigaciones para identificar a los presuntos cómplices del expresidente. Según trascendió, con ese objetivo, la fiscal de la Nación le habría propuesto que se acoja a la colaboración eficaz y delate a los que lo ayudaron a preparar el golpe de Estado.
Pedro Castillo respondió negativamente a dicha propuesta, que habría significado una traición para sus más cercanos colaboradores y seguidores políticos.
Hay una afectación al debido proceso
Enfoque. Ronald Atencio, abogado
En los últimos días, el ciudadano Pedro Castillo Terrones vive un ajusticiamiento político y judicial, que al día de hoy ha conducido a la ilegal privación de su libertad. Una situación que fue ilegítimamente convalidada por jueces supremos, cuya génesis viene dada por una serie de irregularidades.
Primero, el irregular procedimiento de vacancia, en el que no se respetó el debido proceso y eliminándose el ejercicio de su derecho de defensa.
Segundo, el ilegal levantamiento exprés de la prerrogativa del antejuicio político del presidente, soslayándose el procedimiento establecido en el artículo 89° del Reglamento del Congreso.
Tercero, la aprobación de la formalización de la investigación preparatoria contra el presidente por parte de la Corte Suprema, que convalidó las irregularidades antes señaladas.
Cuarto, la irrazonable y apresurada citación de la audiencia de prisión preventiva para el día 14.12.12, a las 9:30 a.m., tomando en consideración que la Fiscalía presentó su requerimiento en la madrugada de ese mismo día.
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