Este viernes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió a trámite la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, el ex primer ministro Aníbal Torres y los integrantes del gabinete ministerial que presidió, por interpretar como denegada la cuestión de confianza sobre la Ley 31399.
La decisión fue adoptada con 14 votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención. Se le imputa al jefe de Estado la presunta vulneración de los artículos 38 y artículo 118 de la carta magna, mientras que a los ministros y exministros de Estado el apartado 38 de la Constitución.