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Las mujeres víctimas de esterilización forzada durante la dictadura de Alberto Fujimori esperan que el gobierno cumpla y no apele la sentencia en primera instancia del Poder Judicial que obliga al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) a implementar una política de reparación integral para ellas.
“Sorprendida, es un paso gigantesco el que se ha dado. Sabemos que van a apelar, lo sabemos, lo van a hacer. Yo pediría que respeten la sentencia en primera instancia y no la dilaten más porque sería hacernos pasar esa angustia nuevamente. Acá se mueve mucho la cuestión política”, dijo Victoria Vigo del Grupo de Reparaciones Integrales de Esterilizaciones Forzadas.
Asombrada y emocionada por el fallo, Rosa del Carmen Reátegui (Asociación de Mujeres Sobrevivientes de Esterilizaciones Forzadas del Perú) también espera que el presidente Pedro Castillo cumpla con su promesa de campaña de reconocer sus derechos y espera también que no apelen.
“Nos han comunicado que hay que esperar la respuesta del Ejecutivo para ver si apela la sentencia en primera instancia o la acatan. Quiero decirle al presidente Castillo que reconozca nuestros derechos como se comprometió en su campaña”, dijo Reátegui.
Inés Condori, presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilización Forzada de Chumbivilcas, y unas de las mujeres que interpuso el recurso de amparo señaló que el Estado tiene que cumplir con la reparación integral que establece la sentencia, más allá del conflicto político entre el Ejecutivo y el Congreso.
“Estamos esperando la respuesta de la procuraduría del Ministerio de Justicia. Ellos tienen que dar una resolución, ellos tienen que cumplir con la sentencia del juez”, declaró Condori.
El quinto Juzgado constitucional de Lima ordenó al MINJUSDH la implementación de una política de reparaciones para las mujeres víctimas de esterilización forzada inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilización Forzada (REVIESFO), garantizando la participación efectiva y coordinación con las asociaciones de víctimas y las organizaciones que las defienden en su diseño, creación e implementación.
María Ysabel Cedano,directora de Demus, subrayó que la reparación integral es para todas las mujeres que están en el REVIESFO y para aquellas que aun faltan registrarse, a causa de la pandemia. Hasta mayo del 2021 son 6,794 personas registradas.
Además explicó que entre las reparaciones, deben ser indemnizadas individualmente, aunque no descató que sean en parte colectivas como en el caso de las víctimas de la violencia armadas interna. Agregó que estas “no deben ser menos de $10,000 por cada una”, teniendo como referencia la indemnización que se le dio a la víctima mortal Mamérita Mestanza.
“La sentencia da la posibilidad al MINJUS para que, de la mano de las mujeres víctimas, y sus defensoras de derechos, implementen la política”, dijo Cedano.
Para ella es bastante probable también que el Estado apele el fallo del juez Jorge Ramírez. “Sí, por supuesto. Pueden y seguro apelarán”, afirmó.
Poder Judicial aun no ha notificado a las partes
La abogada de la Asociación de Víctimas de Esterilización Forzada-de Chumbivilcas, Ana María Vidal, informó que el Poder Judicial no ha notificado a las partes la sentencia. Explicó que a partir de la fecha de notificación corre el plazo de 3 días hábiles para que la procuraduría del MINJUSDH apele o no.
Dijo que pese a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, además de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado peruano ha tenido la base legal para empezar la reparación, pero que no ha tenido la voluntad política de hacerlo por excusas como que no están en el informe final de la CVR. Dijo que podrían apelar, y al mismo tiempo solicitar que no se suspenda el fallo.
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