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El arresto domiciliario contra Rosa Leonor Vallejos Beltrán, la procuradora pública regional del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), se levantó en setiembre 2022. La servidora no podía salir de su hogar como medida forzosa ante la investigación penal en su contra porque habría prometido gestionar el pago S/ 556 772 con recursos del GRA en beneficio de la empresa privada GIANT SAC.
“Me han devuelto mi cargo y ahora estoy con licencia por enfermedad. Soy vulnerable y el estado de emergencia permite que personas con cáncer hagan trabajo remoto o tengan licencia con goce de haber”, declaró el último 7 de noviembre a su salida de las instalaciones de la entidad regional. Esa fecha, Vallejos acudió a reunirse con el gerente general del GRA, Jorge Luis Suclla, y solicitar se respete sus derechos laborales como trabajadora.
Efectivamente, con la salida del procurador encargado Juan Daniel Martínez Márquez y el levantamiento del arresto, Vallejos es nuevamente procuradora. La servidora indicó que su permiso es hasta diciembre del 2022 y que mientras tanto, sus funciones la asumirá la procuradora adjunta Amparo Begazo. “El hecho de que haya estado con arresto domiciliario no implica que sea culpable. La Fiscalía pidió que yo no interfiera como funcionaria en su investigación, como ya concluyó, voy a demostra mi inocencia”, aseveró.
Pedido de prisión
El primer despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de Marita Cueva Ojeda, presentó acusación penal por este caso contra tres acusados en julio 2022. Ahora el caso está en juicio oral. Para Vallejos, la Fiscalía solicita 5 años de prisión e igual tiempo de inhabilitación a ejercer cualquier cargo público por cohecho pasivo propio (coima) y patrocinio ilegal. Además de 180 días multa.
El origen de la denuncia
De acuerdo a la denuncia, a Fernanda Luisa Molina Lazo, representante de GIANT SAC, se le iba a adelantar el pago de S/ 566 772 por el valor de tasación de su predio 114, usado para la obra de la Variante de Uchumayo. Los hechos ocurrieron en 2019, cuando era gobernador Elmer Cáceres Llica. El pago se iba a realizar pese a que estaba pendiente la resolución de una proceso contencioso administrativo. Como “comisión”, Molina, según confesión, les prometió a Begazo y al abogado, una coima de S/ 25 000. Una vez que se confirmó el monto, se entregó directamente a manos de Pérez y en presencia de Vallejos, S/ 2000 como adelanto.
Para Pérez Torres, el Ministerio Público pide la misma pena (5 años) y por los dos mismos delitos. Mientras que para la confesa Molina Lazo, se busca un castigo de 3 años de pena por cohecho activo genérico, 243 días multa y 40 días de inhabilitación. A Molina se le ha reducido la pena por acogerse a la confesión sincera. Ella admitió los cargos formulados en su contra y que han sido corroborados por diversas pruebas.
Entras las pruebas con que cuenta la fiscalía, están las capturas de comunicaciones de wasap entre Vallejos y Molina Lazo. En ellas ambas hacen coordinaciones e incluso Vallejos contacta a Molina con funcionarios de Cáceres para agilizar el pago.
Procuraduría general aun no resuelve
La Procuraduría General del Estado (PGE) en marzo del 2022 concluyó que Vallejos ocasionó graves daños a la entidad regional. Mediante la Resolución N°002-2022, resolvió destituirla por cinco inconductas funcionales, entre ellas por el caso GIANT SAC. Vallejos señaló que apeló la decisión en abril 2022 y que hasta el momento la PGE aún no resuelve el caso en segunda instancia. “La destitución de la PGE ha quedado sin efecto porque yo la he apelado”, indicó.
Refirió que la entidad no tendía competencia sobre ella debido a que es una trabajadora del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).
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