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La fiscal Karim Ninaquispe ha planteado hasta 287 medios de prueba, entre los que se incluyen nueve testigos, un colaborador eficaz, dos pericias policiales y 275 elementos documentales, los cuales serán debatidos en un eventual juicio oral.
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Proceso
Estas pruebas son mencionadas en la acusación formulada por la referida magistrada, quien pide una condena de 21 años de cárcel para Anselmo Lozano Centurión por el presunto delito cohecho pasivo impropio y otros delitos.
Por este mismo caso, la Fiscalía solicita siete años de prisión efectiva para el provisional gobernador regional Luis Díaz Bravo, quien también es imputado por cohecho pasivo impropio.
Una pena similar se pide para Harry Gonzales Solano, Leoncio Paucar Merino y Dick Silva Ravines.
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De acuerdo a información a la que accedió La República, el Ministerio Público ha presentado a siete testigos para que brinden detalles sobre la entrega de presuntas coimas a funcionarios de la comuna de La Victoria por consorcios vinculados con los siguientes empresarios: empresa Hersaca (Salomón Caján Aguinaga), empresa Quetzal Consultores (Vladimir Padilla Vera) y empresa AC & A Constructora.
Otros dos testigos han sido ofrecidos para que declaren por la presunta entrega de dádivas en la contratación de adjudicación simplificada n.° 07-2018-MDLV-1. Esta consistía en el Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular de las calles Los Incas hasta la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre.
Otro elemento de prueba es la declaración del colaborador eficaz n.° 01-2018-2020, quien ha sido ofrecido para el desarrollo de todos los hechos atribuidos al caso El Imperio del Mal. En el requerimiento acusatorio, se precisó que este delator dará alcances de la entrega de coimas por parte de los contratistas Vladimir Padilla Mera, Salomón Caján Aguinaga, Alejandro Criollo Quispe y Víctor Gonzáles Fernández.
Los otros dos elementos probatorios planteados por la Fiscalía son dos informes de peritos acústicos forenses.
El resto de elementos es una relación de 275 pruebas documentales, entre ellas, los contratos de las obras públicas donde se habrían cometido irregularidades por parte de la gestión de Lozano Centurión, sus funcionarios de confianza y empresarios.
Además, aparecen informes relacionados con las diligencias de allanamiento, actas de visualización de contenido de equipos telefónicos, transcripciones de testimonios, actas de reconocimiento de voz, entre otros.
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