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El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional autorizó el inicio del juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra por el presunto delito de cohecho pasivo propio en las licitaciones de las obras Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.
La adjudicación de ambos proyectos se produjo cuando Vizcarra Cornejo era gobernador regional de Moquegua (2011-2014).
La imputación fiscal
La Fiscalía acusa al también exministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski de recibir sobornos de empresas vinculadas al ‘Club de la construcción’ para favorecerlos en las licitaciones públicas.
En lo que concierne a la obra “Construcción de la Línea de Conducción N. ° 1 Jaguay – Lomas de Ilo y Sistema de Riego I Etapa del proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo – Moquegua”, el fiscal Germán Juárez Atoche atribuye al exjefe del Estado haberse reunido en Lima en noviembre de 2013 con Elard Tejeda Moscoso, gerente comercial de la empresa Obrainsa, para ofrecerle ayuda en la convocatoria a cambio de un beneficio económico indebido.
De acuerdo con la acusación, Martín Vizcarra habría entregado información privilegiada a la compañía (la propuesta económica que debía presentar) y como recompensa supuestamente requirió un pago del 2 % del costo directo de la obra, que ascendía a S/. 1 016 212.76. El contrato entre el Gobierno Regional de Moquegua y el consorcio Obrainsa Astaldi se suscribió en diciembre de 2013.
La investigación fiscal refiere que Tejeda Moscoso habría entregado a Vizcarra S/400 000 y S/600 000 en sobres manilas el 27 de enero y el 4 de abril de 2014, respectivamente, en las instalaciones de la empresa Obrainsa.
En cuanto al proyecto “Elaboración del Expediente Técnico a Nivel de Ejecución de Obra y Construcción de Obra para el Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua Nivel II-2”, la hipótesis del Ministerio Público es que el exmandatario solicitó S/1 300 000 para adjudicar la buena pro de la obra al consorcio Hospitalario Moquegua, el cual estaba conformado por las compañías ICCGSA e INCOT. Este segundo contrato se firmó el 18 de diciembre de 2013.
Los pagos ilícitos que oscilaban entre S/100 000 y S/200 000 se habrían realizado, siempre según la pesquisa del Ministerio Público, entre marzo de 2014 y agosto de 2016.
Lo pedidos de la Fiscalía y la Procuraduría AD HOC del caso Odebrecht
Estos presuntos actos de corrupción se conocieron producto de las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces ante el despacho del fiscal provincial de Germán Juárez Atoche, titular del Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, quien ha solicitado 15 años de prisión contra el exmandatario, su inhabilitación por 9 años para ejercer cargo público y que pague la suma de 151 058 soles.
Por su parte, la Procuraduría AD HOC del caso Odebrecht y otros pidió que Vizcarra pague más de 4,6 millones de soles favor del Estado peruano, monto que deberá ser asumida de manera solidaria con las empresas INCOT Contratistas Generales S.A.C, Obrainsa Astaldi e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A IGCGSA, las cuales fueron declaradas como terceros civilmente responsables dentro de este proceso.
La jueza Margarita Salcedo Guevara requirió que sean citados a declarar como testigos los exministros Edmer Trujillo Mori y José Manuel Hernández Calderón, la exsecretaria de la Presidencia, Karen Roca Luque, el empresario Elard Tejeda Moscoso, la periodista Graciela Villasís, entre otras personas.
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