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La defensa de la nueva administración de la Universidad Alas Peruanas (UAP) interpuso una queja ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC), contra el fiscal Wilson Salazar Reque, por no haber abierto investigación al exgerente del claustro entre julio 2018 y diciembre de 2019, José Castillo Carazas.
Durante el mencionado periodo, Castillo suscribió un centenar de contratos que ocasionaron a la universidad un perjuicio económico ascendente a S/140 millones, además de una deuda de S/305 millones, lo que puso virtualmente en situación de quiebra a la universidad.
De acuerdo con la denuncia del fiscal especializado en lavado de activos Wilson Salazar Reque, el exrector y exgerente de la UAP, Fidel Ramírez Prado, estructuró una organización criminal para desfalcar los fondos y bienes de la universidad. Dicha organización comprendía un brazo dirigencial (integrado por las hijas de Fidel Ramírez, Maribel y Nancy Ramírez Gallegos); un brazo comercial (encabezado por el excongresista fujimorista Joaquín Ramírez Gamarra y otras 11 personas); y por un brazo político (la presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y por el exsecretario de organización, Pier Figari Mendoza).
Sin embargo, en el organigrama elaborado por el fiscal Salazar no aparece José Castillo Carazas, quien primero laboró como asesor financiero de la familia Ramírez, y luego fue designado como gerente de la UAP por el mismo Fidel Ramírez Prado, para que lo sustituya en el cargo.
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FUERA DEL MAPA
“(El fiscal Wilson Salazar Reque) debe ser investigado por la falta de incorporación al proceso de José Castillo Carazas, exgerente general de la universidad, en la investigación seguida en contra de Joaquín Ramírez y otros, por el presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas y lavado de activos”, señala la queja de la representación legal de la UAP.
También se indica a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, que la UAP documentó al fiscal Wilson Salazar Reque presuntos casos ilícitos registrados durante el periodo que José Castillo ejerció como gerente general, pero que no fueron tomados en cuenta.
“La UAP ha enviado información debidamente documentada respecto a las contrataciones realizadas durante la gestión de José Castillo Carazas, y sobre la situación económica de la universidad, antes y después de la remoción de Castillo Carazas del cargo de presidente ejecutivo y gerente general. Ya que, luego de su gestión, se evidenciaron pérdidas y deudas significativas que supusieron un sobreendeudamiento y perjuicio económico considerable”, se explica en la queja de la UAP.
Empero, fuentes relacionadas con la defensa de José Castillo afirmaron a La República que este no cuenta con una sino con dos investigaciones fiscales: una dirigida por la fiscal Luz Taquire Reynoso y otra por Wilson Salazar Reque.
INDECISIÓN FISCAL
“Ambos casos son por los mismos hechos, por lo que hemos solicitado que se acumule en una sola carpeta y que sea el primer fiscal que conoció el caso (Taquire) que asuma el caso. No se puede investigar a una persona dos veces por los mismos hechos”, explicaron las fuentes.
“Cuando en junio de 2023, el fiscal Salazar abrió investigación contra José Castillo por cuatro casos que había denunciado la UAP en su contra, le informamos que esas denuncias habían sido archivadas y le entregamos los documentos, pero hasta el momento no hay respuesta”, añadieron.
“Los fiscales Taquire y Salazar investigan a Castillo por presunto fraude en la administración de personas jurídicas y lavado de activos, pero hasta el momento no sabemos cuál es el indicio”, argumentaron las fuentes cercanas a la defensa de Castillo.
En la primera semana de abril de este año, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó el mandato judicial de incautación de los bienes de la UAP, debido a que el magistrado Víctor Zúñiga no evaluó adecuadamente la solicitud de la medida que hizo el fiscal Wilson Salazar Reque. El colegiado cuestionó que Zúñiga se limitara a copiar el sustento de Salazar y concluyó que el primero cometió inconducta funcional.
Luego que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional falló a favor de la UAP, el centro de estudios reiteró la queja contra el fiscal Wilson Salazar por su parcialización, al no incluir en la investigación a José Castillo Carazas, el exgerente designado por la familia Ramírez que desfalcó la universidad.
“Efectivamente, José Castillo logró archivar las 4 denuncias que formuló la UAP en su contra, pero eso no quiere decir que esa fue toda su participación como gerente general. Castillo llevó a la quiebra a la UAP y no solo con 4 contratos sino con un más de centenar”, informaron por su parte fuentes de la defensa de la universidad.
“La fiscal Taquire no investiga a Castillo por lo que hizo cuando actuó como gerente de la UAP sino por otro caso relacionado con Blanco Sociedad de Administración de Fondos y la Universidad Privada Peruana Alemana (UPAL). No hay relación con la UAP”, informaron las fuentes.
CUESTIÓN DE FONDO
“El fiscal Wilson Salazar le abre investigación a José Castillo basado en las 4 denuncias archivadas, por eso la defensa de Castillo alega que no se le puede investigar por los mismos delitos. Lo cierto es que se le debe investigar por todos los contratos. Durante su periodo como gerente de la UAP, Castillo contrató a proveedores que no tenían un solo cliente más que la misma universidad, la misma modalidad de los Ramírez para desfalcar a la UAP. Castillo destruyó la universidad. No hay una investigación abierta por el periodo de su gestión como gerente. El fiscal Wilson Salazar no quiere investigar toda la gestión de Castillo”, manifestaron las fuentes.
Para la defensa de José Castillo, la resolución de la controversia debe definirla el fiscal Salazar. Pero para la defensa de la UAP, la sentencia de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, es un indicativo de la actuación cuestionable de Salazar. Por eso reiteró la queja contra este ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC).
Recientemente, José Castillo Carazas dejó la gerencia de Blanco SAF en medio de quejas de inversionistas quienes afirman que no les pagan sus intereses ni tampoco se les permite retirar su capital.
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