La Contraloría intervino sedes del Proyecto Especial Legado y OSCE

Un equipo de auditores de la Contraloría General de la República intervino simultáneamente las oficinas del Proyecto Especial Legado y del Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE), para recopilar información sobre las actividades de ambas entidades públicas, tras denuncias y alertas de riesgo en las inversiones.

En una nota de prensa, el organismo detalló que se trata de una intervención similar que se realizó la semana pasada en los gobiernos regionales de Cusco y Ayacucho, con el objetivo de evaluar e identificar posibles irregularidades.

Las diligencias de la Contraloría a la sede del Proyecto Especial Legado, en San Luis, comprendieron a las diversas actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 20 de julio de 2023 hasta el 30 de abril de 2024.

Entre las materias que se revisaron, se encuentran los diversos proyectos de inversión con miras a los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024, como las obras del comedor y la residencia de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH).

Según El Comercio, la Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho investiga al gobernador de esta región, Wilfredo Oscorima, por la millonaria adjudicación a favor de un consorcio de su aliada política Esperanza Rojas Gutiérrez, fundadora del movimiento regional Wari Llaqta; con el cual la autoridad regional llegó al poder por tercera vez.

La denuncia forma parte de una presunta irregularidad en el contrato suscrito por Rojas Gutiérrez con la Unidad de Administración del Proyecto Especial Legado para adjudicar la construcción de un comedor en la UNSCH por más de 22 millones de soles.

Cabe precisar que forman parte de la intervención la inversión realizada para la adquisición de ocho tribunas móviles para la creación de los servicios deportivos de ciclismo, voleibol playa y skateboarding, en el distrito de San Miguel, y para la infraestructura deportiva del Centro de Alto Rendimiento de Surf en la playa de Punta Rocas, en el distrito de Punta Negra.

También se examinará la contratación de locadores y designación de personal.

En un comunicado de prensa, Legado precisó que recibió a los auditores en la sede de la Videna y entregó la información de diferentes áreas y procesos.

También precisaron que la actual gestión de Legado pidió a la Contraloría la implementación de un Órgano de Control Institucional (OCI) y el concurso concurrente para el acompañamiento de los procesos que realizan.

“La oficina de control institucional que se implementará estará ubicada en el Velódromo y cuenta con todas facilidades y servicios que requerirá para su correcto funcionamiento. En este lugar trabajarán servidores contratados bajo las normas de CGR mediante un proceso CAS, en el cual Legado no tendrá ninguna participación”, se lee en la misiva.

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La intervención en OSCE

Mientras que en el OSCE, los auditores de la Contraloría recopilan y analizan información y documentos relacionados con la operatividad del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE).

“Esto surge como consecuencia de la suspensión del suministro eléctrico y sus efectos en la continuidad de los procesos de selección en el Estado”, precisa la nota.

La investigación se centrará en la legitimidad de los sorteos para el desempate electrónico llevados a cabo en el contexto de las Adjudicaciones Simplificadas, las cuales han generado denuncias públicas.

Por otro lado, el equipo de auditores evaluará los procedimientos seguidos ante la Dirección del Registro Nacional de Proveedores (RNP), enfocados en la identificación de ampliación de categoría para consultores de obra y aumento de su capacidad máxima de contratación que habrían derivado en el otorgamiento de la buena pro a contratistas que no acreditaban la experiencia exigida para obras de alta complejidad e inversión pública.  

En su cuenta de X (antes Twitter), el OSCE dijo que brindará el apoyo institucional necesario que requiera las Contraloría en las investigaciones que realice.