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Lo que más daño nos puede hacer es que las hipótesis no se confirmen y que prosperen las interpretaciones según las cuales todo se reduciría a un conflicto entre facciones opuestas al interior de la Fiscalía.
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La Fiscalía realizó ayer un amplio operativo de allanamientos y detenciones que, una vez más, fue denominado utilizando personajes de la mitología germánica: las Walkirias. En total, 21 domicilios fueron allanados y siete personas detenidas. Entre ellas, dos asesores de la suspendida Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y un oficial de la DIVIAC, además de un abogado y un empresario.
El operativo fue autorizado por el Poder Judicial y las motivaciones fueron fundamentadas en un amplio documento de casi 600 páginas. Si la hipótesis fiscal se confirmara, la Fiscalía habría estado dirigida por una organización criminal con tenebrosas relaciones con los Cuellos blancos del puerto y en concreto, con pagadores de coimas y agentes del narcotráfico.
Es probable que alguno de los detenidos opte por aspirar a ser colaborador eficaz, como en su momento hizo el asesor principal de Patricia Benavides, Jaime Villanueva. Pero cinco meses después del allanamiento de la sede de la Fiscalía y de la suspensión de Patricia Benavides, necesitamos pruebas para formarnos una idea precisa de la manera como se conducía la institución titular de la acción penal en nuestro país.
Lo que más daño nos puede hacer es que las hipótesis no se confirmen y que prosperen las interpretaciones según las cuales todo se reduciría a un conflicto entre facciones opuestas al interior de la Fiscalía.
Los niveles de la corrupción y la criminalidad en nuestro país son tan elevados, que va a costar mucho disciplina garantizar la eficiencia del Estado y recuperar la confianza de la población. Precisamente por eso se necesita un trabajo riguroso, independiente y capaz de llegar a conclusiones inapelables.
Un ejemplo de los riesgos que corren nuestras instituciones lo podemos ver en el video difundido por la fiscal Patricia Benavides, quien afirmó ayer que el operativo fiscal no sería sino un “psicosocial” para ejercer presión sobre autoridades que deben pronunciarse sobre ella. Pocas maneras más oprobiosas de caricaturizar la institución que ella dirigió durante 17 meses.
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