Siete personas acusadas de pertenecer a la presunta organización criminal liderada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, fueron detenidas en la mañana del martes como parte de la denominada operación Valkiria XI, que ejecutaron por mandato judicial agentes de la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).
La operación se registró pocos dÃas después de que Patricia Benavides se defendiera ante la acusación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de haber favorecido a su hermana, la jueza Enma Benavides, al destituir a la fiscal Bersabeth Revilla que la estaba investigando por corrupción. Benavides aseguró sin mostrar pruebas que supuestamente la quieren destituir “porque nunca iba a permitir que la FiscalÃa sea la chacra del poder polÃtico o mediáticoâ€�.
La acción policial se cumplió en coordinación con el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), que encabeza la fiscal superior Marita Barreto, quien cuenta con un grupo de apoyo compuesto por agentes de la Diviac.
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Los primeros detenidos durante la operación Valkiria XI fueron los exasesores de Patricia Benavides, Miguel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza. Después de que el 26 de noviembre de 2023 fuera arrestado el exasesor principal de Benavides, Jaime Villanueva Barreto, este se acogió a la colaboración eficaz e implicó en actividades ilÃcitas a sus excolegas Girao y Hurtado.
Por ejemplo, negociar con congresistas de diferentes bancadas con investigaciones fiscales en curso para que voten a favor de la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida �valos a cambio del archivo de sus expedientes. O la destitución de fiscales incómodos para Patricia Benavides, como las fiscales Bersabeth Revilla y Magaly Quiroz, y el reemplazo de estas por otros fiscales dispuestos a cumplir las órdenes de la suspendida fiscal de la Nación.
Pero en esta ocasión el Eficcop les imputa haber negociado la orientación de contratos del Ministerio Público a favor de una empresa cuyo representante pagó sobornos a los implicados, incluyendo a Patricia Benavides.
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Un caso especÃfico es la compra de 729 computadores por S/3 millones a la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú, de Giancarlo Valer Enciso. De acuerdo con el colaborador eficaz Jaime Villanueva, el exasesor Miguel Girao organizó el fraude con la aprobación de Benavides, quien recibió en compensación S/30.000. Por este hecho, el empresario Giancarlo Valer fue detenido en la mañana del martes.
Como parte del esquema de corrupción de este caso, que consistÃa en la manipulación de las contrataciones y adjudicaciones, el 17 de mayo de 2023 la suspendida fiscal Patricia Benavides designó en el cargo de confianza de gerente central de la Oficina General de LogÃstica a Jorge Palomino Quesada. Conforme a las declaraciones de Jaime Villanueva, Palomino torció la contratación de los computadores a la empresa de Giancarlo Valer. Por esta razón, la Diviac también arrestó a Jorge Palomino.
Respecto al exasesor Abel Hurtado, el Eficcop le atribuye el delito de cohecho pasivo especÃfico por haber participado junto con Patricia Benavides, Jaime Villanueva y Miguel Girao en la reunión con el presidente del Congreso, Alejandro Soto, para confabular sobre la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Benavides archivarÃa los casos de los congresistas investigados, incluido el mismo Soto, por el caso Fábrica de Trolls, si el Congreso desaforaba a la JNJ, que la estaba indagando con fines de destitución.
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La lista de siete detenidos en la mañana del martes la completan el abogado acusado de integrar Los Cuellos Blancos del Puerto, José Castillo Alva; la empresaria y pareja Mirtha Gonzáles Yep; y el capitán PNP Jorge RodrÃguez Menacho, adscrito a la Diviac.
La imputación del Eficcop contra Castillo y Gonzáles indica que estos captaron a cambio de dinero al capitán Jorge RodrÃguez para favorecer con sus informes a Patricia Benavides. Durante la investigación que la JNJ le abrió a la suspendida fiscal de la Nación, su abogado Jefferson Moreno Nieves contactó con el capitán RodrÃguez, que estaba a órdenes de Castillo y Gonzáles. Cuando la JNJ pidió un reporte al capitán RodrÃguez sobre siete comunicaciones entre Benavides y el empresario e integrante de Los Cuellos Blancos del Puerto Antonio Camayo Valverde, el oficial de la Diviac respondió falsamente que no hubo contacto entre ambos.
El abogado José Castillo Alva ofreció los servicios del capitán Jorge RodrÃguez a Patricia Benavides a cambio de la destitución de la coordinadora del equipo especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, Magaly Quiroz Caballero, y la designación de fiscales en el mismo equipo para que le informaran de todas las actuaciones contra la organización criminal. El Eficcop confirmó estos hechos ilÃcitos. La suspendida fiscal de la Nación destituyó a Magaly Quiroz y designó a otros fiscales que servirÃan como ‘topos’ de José Castillo Alva.
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En la misma jornada del martes fueron allanadas con propósito de registro e incautación las viviendas de otras 10 personas:
— Johan Chauca Iparraguirre, gerente del proveedor Inversiones Tecnológicas del Perú, que pagó una coima a funcionarios del Ministerio Público y presuntamente a Patricia Benavides.
— Jenny Ochante Cahuana, especialista en adquisiciones del Ministerio Público, que facilitó la compra de computadoras a la empresa que abonó los sobornos.
— Franccesco Franco Flores, asistente administrativo de la FiscalÃa Especializada en Corrupción de Funcionarios, que serÃa parte del esquema de corrupción.
— Gustavo Bullón Ausejo, director de Ventas de Inversiones Tecnológicas del Perú, la empresa señalada como favorecida por Benavides.
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— Manuel Altamirano RamÃrez, operador en contrataciones del Estado, implicado en la orientación de las adjudicaciones.
— Blanca Arce Barboza, directora del Programa Nacional de Saneamiento Rural, que presuntamente contrató con Inversiones Tecnológicas del Perú.
— Freddy Zavala Celi, jefe de la Oficina General de Administración de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.
— Camilo Peirano Blondet, empresario que fue investigado por lavado de activos.
— Óscar Nieves Vela, abogado.
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El Eficcop señala que el abogado Nieves presuntamente entregó dinero al fiscal Marco Huamán Muñoz y a los exasesores de Benavides, Jaime Villanueva y Miguel Girao, para archivar el caso de lavado contra Camilo Peirano.
La residencia del director del portal de noticias Sudaca, Juan Carlos Tafur Rivera, también fue objeto de allanamiento e incautación durante la operación Valkiria XI.
Según el expediente del caso, Tafur supuestamente, en coordinación con personas relacionadas con Patricia Benavides, acordó publicar el artÃculo titulado ‘Fiscales del caso Cuellos Blancos se convierten en defensores de Walter RÃos’. El Eficcop indica que se presume que Tafur conversó sobre la publicación de la nota con el abogado José Castillo, detenido ayer martes, señalado como integrante de Los Cuellos Blancos del Puerto.
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Juan Carlos Tafur negó la acusación y sostiene que se trata de una represalia de la coordinadora del Eficcop, la fiscal superior Marita Barreto. Tafur indicó que lo que disgustó a Barreto fue que Sudaca revelara el viaje secreto que hizo la fiscal al extranjero para reunirse con la empresaria Sada Goray Chong. Y reconoció: “Yo apoyé a la fiscal Benavides porque consideraba que su participación fue determinante para lograr la caÃda de Pedro Castilloâ€�. Los periodistas no deben ser investigados por sus opiniones.
Cuidado con la libertad de expresión
Análisis. César Romero Calle, editor Judicial
Creo que es necesario luchar contra la corrupción y que los fiscales merecen todo el respaldo y apoyo. Por eso mismo, considero que ellos deben ofrecer la máxima transparencia en sus decisiones y estar abiertos a todo tipo de crÃticas y expresiones negativas.
Esto no se ve en los Equipos Especiales Cuellos Blancos y Contra la Corrupción en el Poder. Aplauden y promueven las notas favorables, pero desatan una cacerÃa contra los que los critican.
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En abril del 2023, el fiscal Andy Junior, del equipo de Magaly Quiroz, decidió iniciar una investigación secreta a Juan Carlos Tafur y a mà por un par de artÃculos crÃticos a su labor. Él decidió que éramos un instrumento del delito y optó por utilizar el poder estatal para investigar a los periodistas: se autoproclamó vÃctima, juez y verdugo.
Un año después, no encontraron nada. Hoy, el fiscal Freddy Niño Torres cree que su jefa, la fiscal Marita Barreto, es vÃctima de la prensa. Entonces, él decide salvarla, recoge los documentos de Andy y allana la casa del director de Sudaca, Juan Carlos Tafur.
En su resolución también me incluye. Soy un arma del crimen, dice, pero no me toca. Esa incertidumbre me genera varias dudas.
¿Quién pidió el allanamiento? Creo que lo hizo Barreto y el niño solo firmó. ¿Quién realizará la investigación? Creo que Marita, Magaly Quiroz y Niño Torres lo jugarán a los dados. ¿Puede haber dos investigaciones del mismo hecho?