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La presidenta de la República, Dina Boluarte, acudió —este miércoles 24 de abril— a la sede de la Fiscalía de la Nación para rendir su manifestación sin previa programación, hasta donde se tiene conocimientos, ya que este encuentro no fue anunciado como regularmente se hace a través de las redes sociales de Presidencia y el Ministerio Público. Se supo que la mandataria llegó a las 8.30 de la mañana y se retiró poco antes de las 10, acompañada por la seguridad del Estado.
La jefa de Estado llegó a la sede del Ministerio Público acompañada de un fuerte contingente policial. De acuerdo con información que trascendió por los medios, habría acudido para rendir su manifestación ante el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.
Hasta el cierre de la nota, ni Presidencia ni el Ministerio Público se pronunciaron sobre esta declaración. La mandataria se retiró escoltada por cordones de seguridad, lo que evitó que los periodistas que llegaron hasta la sede fiscal pudiesen realizan las preguntas acerca del motivo de su asistencia.
Allanan oficina del consejero legal de la presidenta
El último martes 23 de abril, miembros de la Fiscalía de la Nación allanaron la oficina de Óscar Nieves, consejero legal de la presidenta Dina Boluarte, en el marco del operativo Valkiria XI. La intervención, ejecutada por el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Efficop), liderado por Marita Barreto, es parte de las investigaciones que se le sigue a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sindicada de liderar una presunta red criminal enquistada en el Ministerio Público.
Óscar Nieves es investigado por el supuesto delito de organización criminal y colusión agravada. Conforme a la tesis fiscal, el abogado de la jefa de Estado habría ofrecido cierto monto de dinero para que una indagación de la Fiscalía de Lavado de Activos sea archivada.
Asimismo, tras la propuesta, Nieves se habría comunicado por teléfono con Miguel Girao y el fiscal supremo adjunto provisional Marco Huamán, y envió aparentemente documentos relacionados con la investigación contra Camilo Peirano Blondet, cuya indagación estuvo a cargo del fiscal provincial Carlos Quispe.
Familiares de víctimas alistan protesta en Lima
Por su parte, la nueva Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres del 2022 y el 2023 anunció la convocatoria a una primera movilización para el próximo 1 de mayo en Lima, con el fin de exigir justicia y también para insistir en la salida de Dina Boluarte y de los 130 congresistas.
Los familiares de las víctimas de Juliaca (Puno) fueron los encargados de hacer el anuncio público, el último 17 de abril. Raúl Samillán, hermano del médico asesinado Marco Samillán, dio lectura al pliego de demandas que incluyen el cierre del Congreso y la renuncia de Dina Boluarte.
“(Exigimos) el cierre del Congreso golpista, corrupto y mafioso”, expresó Raúl Samillán, quien además se refirió a Boluarte como “mitómana, corrupta y genocida”.
“Que entienda (Dina Boluarte) que el Perú entero no la quiere. Es por eso que tiene 7% de aprobación”, comentó otra de las familiares de las víctimas.
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