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El congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) presentóun proyecto de ley que propone que se les conceda aministía a los policías, militares, Comités de Autodefensa y funcionarios del Estado, “que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados o procesados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo, entre los años 1980 y 2000″.
Debido a ello, según señala la propuesta, “habiendo transcurrido 24 años, estos hechos no pudieron ser investigados, procesados ni sancionados conforme a la legislación aplicable en ese momento”.
“Situación que es necesario regular, ya que quienes salieron en defensa del orden constitucional y el sistema democrático, no pueden permanecer de por vida con la amenaza de la persecución penal o sometidos a investigaciones o procesos interminables carentes de racionalidad y justicia“, señala el texto.
Asimismo, el proyecto de ley establece la amnistía “de carácter humanitario a los adultos mayores de 80 años de edad, que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada y/o en trámite de ejecución, con pena privativa de la libertad o suspendida por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo, entre los años 1980 y 2000, aplicable a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Comités de Autodefensa y funcionarios del Estado”.
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La iniciativa legislativa señala que “el beneficio de la Amnistia alcanza a los que, habiendo transcurrido más de 24 años, continúan investigados por presuntas violaciones a los derechos humanos, evidenciándose la incapacidad del sistema judicial para demostrar las imputaciones contra quienes salieron en defensa del orden constitucional y el sistema democrático”.
“Debemos recordar que el 100% de los hoy procesados por lamentables hechos violatorios de los derechos fundamentales de peruanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo, no intervinieron de manera espontánea o por interés propio, sino en cumplimiento de deberes funcionales propios de sus respectivas actividades militares, castrenses, policiales o de gobierno que detentaban en aquel entonces”, indica la propuesta.
“Ningún proceso en nuestro sistema judicial prevé una duración para investigar y sancionar de 24 años. No es razonable por tanto, ni admisible mantener en investigación y proceso con las consecuentes restricciones a la libertad que ello implica prolongar ad infinitum los actos de investigación, juzgamiento y persecución penal sin un resultado cierto y compatible con la justicia“, agrega.
Según Montoya, “es necesario adoptar las medidas legislativas encaminadas a solucionar la situación de injusticia en la que se encuentran miles de policías y militares, así corno otros funcionarios de Estado, quienes en cumplimiento de sus deberes tuvieron que enfrentar al terrorismo y sus lamentables secuelas de violencia, muerte y pobreza, que las actuales generaciones no han vivido y desconocen en muchos casos”.
“En este contexto, se justifica la emisión de una legislación extraordinaria de amnistía que ponga punto final al padecimiento de procesos interminables, investigaciones que se amplían constantemente por décadas, y el acoso constante de la persecución penal contra miles de ex miembros de las fuerzas armadas, la policía nacional y funcionarios de Estado, que entregaron su sacrificio en la lucha contra el terrorismo y no encuentran la paz y la solidaridad del Estado contemporáneo”, puntualiza el texto.
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