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La Corte Penal Internacional (CPI) emitió un comunicado anunciando que continuará con la investigación sobre presuntas violaciones de derechos humanos durante la administración de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta decisión, tomada de forma unánime por los jueces de La Haya, marca un hito significativo en la búsqueda de justicia internacional y la rendición de cuentas en un contexto de creciente preocupación por la situación de los derechos humanos en el país sudamericano.
¿Por qué investigan a Maduro?
La investigación de la CPI se centra en acusaciones de crímenes de lesa humanidad, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, presuntamente cometidas durante la última década bajo el régimen de Maduro. Estas acusaciones se remontan a la ola de protestas antigubernamentales que sacudió a Venezuela en los años recientes, así como a los informes de persecución política y represión contra opositores políticos y defensores de los derechos humanos.
La decisión de la CPI de continuar con la investigación se produce después de que el Gobierno venezolano intentara detener el proceso de investigación introduciendo una impugnación el año pasado, argumentando que la cuestión debería ser resuelta en su propio sistema judicial. Sin embargo, los jueces de la CPI determinaron que las investigaciones nacionales no abordaban adecuadamente la magnitud de los crímenes denunciados, lo que justificaba la continuación del proceso a nivel internacional.
¿Qué dice la Corte Penal Internacional?
La CPI ha subrayado su compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia, haciendo hincapié en que todas las partes involucradas, incluido el más alto nivel de autoridades, deben rendir cuentas por sus acciones. En este sentido, la CPI ha destacado que los crímenes de lesa humanidad son considerados como los delitos más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto y que, por lo tanto, no deben quedar impunes.
Entre los argumentos legales utilizados por la CPI para justificar la continuación de la investigación se encuentra el principio de complementariedad, según el cual la CPI interviene cuando los sistemas judiciales nacionales son incapaces o no están dispuestos a llevar a cabo investigaciones y procesos efectivos y genuinos sobre crímenes de su competencia. En este caso, los jueces de la CPI determinaron que las investigaciones nacionales en Venezuela no cumplían con este criterio, lo que justificaba la intervención del tribunal internacional.
Además, la CPI ha destacado que su jurisdicción se extiende a los crímenes cometidos por individuos, independientemente de su posición política o nacionalidad. Esto significa que la investigación de la CPI no se centra exclusivamente en el ex presidente Maduro, sino que también podría abarcar a otros altos funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas presuntamente implicados en crímenes de lesa humanidad.
¿Qué respondió el gobierno de Maduro?
La respuesta del Gobierno venezolano no se ha hecho esperar. La Cancillería venezolana ha calificado la decisión de la CPI como “infundada” y ha acusado al tribunal de tener motivaciones políticas. Sin embargo, esta postura ha sido rebatida por defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales, quienes ven en la decisión de la CPI un paso crucial hacia el fin de la impunidad y la protección de las víctimas.
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