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Este lunes sesiona la Comisión Permanente del Congreso y el tema principal de la agenda es el informe final con el cual pretenden inhabilitar por diez años a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Los legisladores buscarán concretar este acto en su afán de capturar esta institución clave para la administración del sistema de justicia, tal como ya lo hicieron con el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.
La sesión ha sido programada para las nueve de la mañana, según la convocatoria realizada por el presidente del Parlamento, el acuñista Alejandro Soto.
De hecho, el Congreso ya aprobó el informe final en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), a cargo de la excandidata fujimorista y ahora acuñista Lady Camones.
En dicho documento se plantea la inhabilitación por diez años de los miembros de la JNJ Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry, Inés Tello y el recientemente renunciante Henry Ávila.
Todos ellos han sido citados para ejercer su defensa ante la Comisión Permanente. Según fuentes de La República, a la sesión de hoy, sin embargo, solo acudirían el presidente de la JNJ, Antonio de la Haza, y el vicepresidente Aldo Vásquez, en compañía de los constitucionalistas Samuel Abad y Omar Cairo.
Podría tratarse de un acto solamente formal, pues en el Congreso ya existe una decisión de la mayoría de bancadas para sancionar a los miembros de la JNJ. La fuerza de los votos por encima de la razón.
Intereses particulares
En la sesión de la SAC, Fuerza Popular aportó con cinco votos a favor de la sanción, junto con otros cinco votos de sus satélites como Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú. Súmese a ello dos votos del acuñismo (Camones y Elva Julón). Y también hubo dos votos a favor del cerronismo (Margot Palacios y Segundo Montalvo).
Es decir, este proceso en el Congreso tiene como actores claves a congresistas de bancadas cuyos líderes son Keiko Fujimori, el prófugo Vladimir Cerrón y César Acuña; los tres con cuentas pendientes con la justicia peruana. En consecuencia, hay un claro interés por controlar la designación o remoción de los jueces y fiscales.
El decano del Colegio de Abogados de Ayacucho, Richard Almonacid, recuerda que la mayoría de congresistas en la actualidad tienen carpetas abiertas en el Ministerio Público o el Poder Judicial, razón por la cual buscan ejercer control sobre la JNJ para incidir en futuras decisiones sobre la ratificación o no de jueces o fiscales.
“Aquí hay un ejercicio arbitrario y abusivo de las atribuciones por parte del Congreso. Pretenden hacer un mal uso de sus atribuciones para interpretar una norma de acuerdo a sus intereses. En el fondo, lo que buscan es copar la JNJ”, subraya.
En la mira. Los miembros de la JNJ están bajo asedio permanente del Parlamento. Foto: difusión
La polémica sobre la edad
El pretexto del Congreso para atacar a la JNJ es la interpretación que hicieron los magistrados para que Inés Tello pueda mantenerse en el cargo luego de cumplir los 75 años.
La Constitución establece que para “ser miembro de la JNJ se requiere ser mayor de 45 años y menor de 75 años”.
Inés Tello juró para el cargo el 6 de enero del 2020. A los ocho meses, el 10 de setiembre, cumplió 75 años y el Congreso de entonces no cuestionó su permanencia. El pleito surgió recién en la actual gestión, cuando Inés Tello asumió investigaciones en contra de la fiscal Patricia Benavides.
En el Congreso hay quienes son conscientes del vacío sobre la edad. Una de ellas es Patricia Chirinos, quien presentó un proyecto para fijar en 75 años el límite de edad para permanecer en la JNJ. Lo mismo hizo Wilson Soto, de Acción Popular.
A pesar de ello, la Comisión Permanente hoy se apresta a votar el informe para apartar a los magistrados de la JNJ. El paso siguiente será llevar el tema al Pleno para la decisión final.
Vulneración del debido procesoLa SAC aprobó la propuesta de sanción contra los miembros de la JNJ, sin debatir el fondo de una recusación presentada en contra de Esdras Medina, el autor del informe final.
Este legislador arequipeño adelantó opinión en contra de los magistrados de la JNJ, por lo que vulneró el principio del juez imparcial. Por otro lado, en el informe final no cumplió con motivar las supuestas infracciones constitucionales por parte de los integrantes de la JNJ.
Este extremo podría ser uno de los argumentos de la defensa que ejercerán los abogados de los magistrados.
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