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El régimen de Dina Boluarte, a través del Ministerio Justicia (Minjus), emitió ayer una resolución inusual para suspender al abogado Daniel Soria Luján, en el ejercicio de sus funciones como jefe de la Procuraduría General del Estado (PGE). La medida es adoptada en simultáneo con el ataque al equipo especial de fiscales del caso Lava Jato.
La resolución contra el procurador Soria es firmada por dos viceministros del actual régimen: Walther Iberos Guevara, viceministro de Justicia, y Luigino Pilotto Carreño, viceministro de Derechos Humanos. Una tercera firma corresponde a Tiberio Robles Yanoc, designado jefe de administración apenas en agosto de este año, por el entonces ministro Daniel Maurate.
Es decir, las tres personas que firman esta decisión son personas que ocupan cargos de confianza de Dina Boluarte y su ministro de turno.
El proceso
Soria explicó a La República que el martes último fue notificado sobre el inicio de un procedimiento disciplinario sancionador y le dieron cinco días para presentar sus descargos. Y es el marco de este proceso que la comisión ad hoc conformada por los tres funcionarios citados emitieron la resolución con la medida preventiva de suspensión.
El caso es el mismo por el cual el gobierno de Pedro Castillo y su premier Aníbal Torres intentaron apartar a Daniel Soria del cargo: el supuesto incumplimiento de requisitos para asumir la procuraduría.
De manera coincidente, el 15 de noviembre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, denunció al expresidente Martín Vizcarra y a la exministra de Justicia Ana Teresa Revilla por la designación de Soria, algo ocurrido en febrero del 2020.
De hecho, Ana Teresa Revilla dijo a La República que la designación del citado procurador tenía todo el sustento legal y constitucional.
También el 1 de octubre la Contraloría, a cargo de Nelson Shack, quien fue blindado por el Congreso para no enfrentar una investigación fiscal, emitió un informe refiriéndose al supuesto incumplimiento de requisitos.
Daniel Soria ayer mismo abandonó la sede de la Procuraduría y adelantó que adoptará las acciones administrativas y judiciales necesarias contra la resolución que lo saca del cargo, la misma que fue calificada de arbitraria.
Apuntó además que la Procuraduría General de la República enfrenta un problema de fondo, por no tener plena autonomía constitucional, como sí ocurre con otros organismos.
Hostilidad
El régimen de turno aparta a Daniel Soria en circunstancias en que la Procuraduría General del Estado (PGE) había tenido tuvo un rol activo en la investigación fiscal por genocidio y homicidio seguida contra Dina Boluarte, por los crímenes cometidos durante las protestas sociales.
La PGE, entre otras diligencias, solicitó incorporar a nuevos testigos para ahondar en las contradicciones surgidas sobre la versión de que Boluarte supuestamente no tenía información sobre los hechos del sur, mientras las fuerzas del orden cometían crímenes contra civiles.
La PGE este año denunció a 29 autoridades nacionales y además acompaña procesos contra un total de 105 altos funcionarios, entre ellos, 72 congresistas y excongresistas.
Resolución
Deciden que Soria ya no pueda acudir a la institución que dirige hasta que culmine el proceso disciplinario en su contra.
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