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La Comisión de Fiscalización del Congreso investigará el motivo por el cual sigue en pie durante un año el contrato de supervisión de la obra del Puente Tarata, que hasta el momento no se ejecuta, pese a que la Contraloría detectó irregularidades y en su momento Provías Descentralizado, la unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), declaró de oficio la nulidad del contrato.
El caso del Puente Tarata es uno de los que motivó la presentación de una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por parte de la fiscal Patricia Benavides y evidenció la corrupción en el MTC en la gestión del prófugo exministro Juan Silva. Este es uno de los temas que tendrá que resolver la ministra de Transportes, Paola Lazarte Castillo.
Voceros de Fiscalización aseguraron a La República que en breve se cursará citación a representantes del MTC y Provías para que expliquen las medidas que han tomado al conocerse públicamente los nexos del Consorcio Supervisor Tarata con los hermanos Pasapera Adrianzén y la empresa TERMIREX, integrante del consorcio que iba a construir el puente, que según informes de la Contraloría cometieron irregularidades para ganar la supervisión.
El consorcio para constituir su RUC en la selva y hacerse acreedor a los beneficios de la Ley de la Amazonía, consignó un domicilio falso en la provincia de Tocache. El Consorcio Supervisor Tarata está integrado por Dohwa Engineering CO. LTD. Sucursal del Perú y Carlos Fernández Casado S.L. Sucursal del Perú.
En enero de este año, Provías Descentralizado anuló el contrató para la construcción del puente Tarata, debido a que las empresas que compitieron eran del mismo dueño. Pese a que se hizo público que el representante de la supervisora, Jorge Rómulo Contreras Montoya, tiene vínculos con los hermanos Pasapera Adrianzén y la empresa TERMIREX, integrante del consorcio que iba a construir el puente —según el MTC—, el órgano de fiscalización competente no halló motivos para resolver el contrato de supervisión.
En la Comisión de Fiscalización adelantaron a La República que consideran sospechoso que, a pesar de la existencia de un informe de Contraloría realizado en octubre, y que pone en evidencia irregularidades, Provías Descentralizado no realice las acciones correctivas que le demanda el documento y no resuelve el contrato, razón por la que investigarán el caso, informaron de manera extraoficial.
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