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El expresidente de la República Pedro Castillo Terrones permanecerá privado de su libertad, en un penal común, hasta el 6 de junio del 2024, mientras se investiga si al anunciar la disolución del Congreso y pretender instaurar un gobierno de emergencia cometió delito de rebelión.
Ayer, el juez de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Checkley dictó en su contra prisión preventiva por 18 meses, que se cuentan desde el 7 de diciembre del 2022. El magistrado sustentó la decisión en la existencia de indicios de que intentó obtener asilo político en México, de acuerdo con las declaraciones del presidente mexicano Manuel López Obrador, su canciller Marcelo Ebrard y la visita a la sede de la Dinoes del embajador de México.
Además, de peligro procesal por la fuga del exministro Juan Silva, lo que demostraría, dijo el juez, que la organización criminal que integraría Castillo tiene la posibilidad de sustraer de la justicia a sus integrantes.
Los abogados del expresidente Pedro Castillo, Ronald Atencio y Raúl Noblecilla, no participaron de la audiencia que se inició a las 8:30 de la mañana y terminó cerca de las 8:00 de la noche del 15 de diciembre. Por esto, la defensa del expresidente fue asumida por el abogado de la Defensoría Pública del Estado, Italo Díaz.
Ronald Atencio y Noblecilla dijeron que no participarían en la audiencia al considerar que no había garantías del debido proceso, luego de que el Congreso le levantara el derecho de antejuicio de una manera exprés y sin darle la posibilidad de defenderse.
Comparecencia
En tanto, el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres recibió comparecencia restringida, con el pago de una caución de 20 mil soles y la prohibición de salir de Lima y el Callao sin autorización judicial previa.
Además de la obligación de acudir a todas las citaciones de la Fiscalía y no tener ningún tipo de comunicación, por cualquier medio, con los investigados y testigos en este proceso por delito de rebelión.
Aníbal Torres, que hace unos días había anunciado que pasaba a la clandestinidad, se presentó a la mitad de la audiencia. Su abogado, el ex juez supremo Duberlí Rodríguez, aclaró que Torres habló de pasar a la clandestinidad al responder una pregunta de la Fiscalía, sobre si él también buscaría asilo.
Duberlí Rodríguez indicó que Torres no había pasado a la clandestinidad y que había retomado su cátedra de derecho en la universidad de San Marcos. El juez consideró que respecto de Torres no había peligro de fuga, pues tiene 79 años de edad y padece de diabetes, y con la comparecencia es suficiente.
El fiscal supremo adjunto Alcides Chinchay apeló la comparecencia otorgada a Aníbal Torres. En ese momento, se produjo algo extraño entre sus abogados: Wilfredo Robles dijo que también apelarían la comparecencia, pero el juez le dio la palabra a Duberlí Rodríguez, quien dio su conformidad.
Sala Suprema verá caso en apelación
El juez Juan Carlos Checkley dispuso que la policía traslade a Pedro Castillo a un penal donde cumplirá la prisión preventiva, que podría ser revisada en seis meses.
El abogado de oficio Italo Díaz apeló para que la prisión preventiva sea revisada por la Sala Penal Suprema Permanente próximamente.
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