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Falta cada vez menos para la llegada de la misión de la OEA tras la activación de la Carta Democrática solicitada por el presidente Pedro Castillo, la cual agrupa a diplomáticos y embajadores de distintas nacionalidades que revisarán la situación en la que se encuentran el Ejecutivo y el Congreso, y qué es el principal agravante de la crisis política que se vive en el Perú.
El primer beneficiado con la llegada de esta comitiva de especialistas sería el jefe de Estado, quien, además de haber realizado el pedido, se ha visto envuelto en una serie de acciones realizadas por el Legislativo que refuerzan el discurso de victimización que usa Castillo Terrones ante las entidades y organizaciones internacionales.
A continuación un recuento de los principales errores que inclinarían la balanza a favor del Ejecutivo en la visita de la misión de la Organización de los Estados Americanos que se realizará la semana entrante.
El informe de traición a la patria contra Pedro Castillo
La aprobación del informe final que recomienda inhabilitar al presidente Pedro Castillo por cinco años —por la presunta comisión del delito de traición a la patria— es uno de los principales puntos que reforzarían la idea expresada por el mandatario de encontrarse frente a un “Congreso golpista”.
Dicho informe apenas superó la mitad de votos más uno en las deliberaciones de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con un total de 11, además de estar basado en “la intención de ceder parte del territorio nacional”, lo cual fue valorado por el parlamentario Wilson Soto, quien fue el encargado de elaborar el documento.
“Que, concretamente, el presidente Castillo se refirió a la aspiración de acceder a una salida del mar a favor de los bolivianos como un derecho y aseveró que consultaría al pueblo sobre ello”, se lee en el informe, en el que también se advierten “indicios de la comisión del delito de traición a la patria, atribuible al denunciado Castillo Terrones”.
Sin embargo, esta intencionalidad no fue claramente expresa durante la entrevista brindada por Castillo en enero de este año, situación en la que se basa inicialmente esta denuncia.
En dicha oportunidad, al mandatario se le consultó sobre la posibilidad de que se brinde una salida al mar al país de Bolivia, a lo que respondió: “Le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. (…) ¿Qué pasaría si los peruanos están de acuerdo? Yo me debo al pueblo, jamás haría algo que el pueblo no quiera”.
Además, diversos expertos señalaron que la decisión tomada por esta subcomisión favorecería al presidente de cara a la visita de la misión de la OEA. Así lo precisaron los expertos Omar Cairo y César Azabache en conversación con La República.
Cairo aseveró que “la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales comete un grave error al aprobar un informe sobre una denuncia constitucional contra el presidente por una inexistente traición a la patria. Castillo mostrará esta decisión parlamentaria para presentarse como víctima ante la misión de la OEA”.
Por su parte, Azabache incidió en que “es absurdo que el Congreso admita a discusión un caso así de ridículo”, lo que genera uno de “los papelones más grandes que ha hecho el Perú”.
Aníbal Torres y la cuestión de confianza
El pedido de cuestión de confianza solicitado por el primer ministro Aníbal Torres es otra de las situaciones que podrían inclinar la balanza a favor de Pedro Castillo.
Esta cuestión de confianza, la cual ha sido anunciada y ya tiene un espacio separado para su sustentación en el próximo pleno del Congreso, surge a raíz de la falta de atención prestada por la Comisión de Constitución respecto al proyecto de ley 1704, el cual propone la derogación de la Ley 31355, que señala que el Ejecutivo solo puede realizar cuestiones de confianza en temas de su competencia, mas no en temas constitucionales.
Tras esta cuestión de confianza, dicho grupo de trabajo congresal realizó una sesión extraordinaria en la que se trató específicamente este proyecto de ley que llevaba varios meses en pendiente, y que fue finalmente archivado con 16 votos a favor.
El tratamiento del Congreso en este caso se hace cuestionable debido a que, apenas realizada la solicitud de Torres Vásquez, José Williams precisó que “no resultaba atendible”, basándose en la misma ley que el Ejecutivo planteaba derogar.
Además, al archivarse este proyecto de ley en la Comisión de Constitución, Hernando Guerra, el presidente de dicho grupo, aseguró que “si él (Aníbal Torres) quiere plantear algo sobre un proyecto de ley que en la práctica ya no existe, ha sido archivado; bueno, eso se llama en el derecho sustracción de la materia. No existe ya ese proyecto de ley”.
Estas acciones inicialmente resultan un cierre por parte del Legislativo para buscar más opciones de diálogo con el Ejecutivo, sin embargo, una misiva enviada a Torres el último viernes por el presidente del Congreso, José Williams, busca resarcir esa imagen de rechazo.
“Hemos recibido el documento de la referencia de fecha 10 de noviembre y le comunico que, de conformidad con los artículos 129, 132 y 133 de la Constitución Política del Perú, usted puede concurrir a la próxima sesión del Pleno del Congreso”, se señala en dicho oficio, en contraposición a lo expresado en una carta presentada el 9 de noviembre por el Congreso.
comunicado del presidente del Congreso
El viaje a Tailandia no atendido
Otro tema que tampoco pasará inadvertido por esta misión democrática es la falta de atención mostrada por el Congreso ante el pedido de salida al extranjero solicitado por Pedro Castillo a inicios de noviembre para participar en el foro de APEC 2022, en Tailandia.
En este pedido, presentado el 2 de noviembre, Castillo Terrones pretendía que se debata su solicitud para salir al extranjero en el Pleno, dos días después. No obstante, este procedimiento no fue atendido por el Legislativo a tiempo, lo que llevó a que el mandatario retirara el pedido.
Al momento de retirar la solicitud, el jefe de estado lamentó que esta no haya sido “priorizada en el último pleno del Congreso, lo cual perjudica la organización de la agenda presidencial. Dicha acción dilatoria pone en riesgo la política exterior, que es competencia constitucional de la presidencial”. Esta desazón se hizo palpable en el documento presentado por Castillo el mismo día de la sesión del pleno.
La omisión de esta solicitud por parte del Legislativo se aleja de la intención conciliadora que ambos poderes del Estado buscan proyectar ante esta la comitiva, por lo que refuerza la situación de desencuentro en la que se encuentran enfrascados el Congreso y el Ejecutivo.
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