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El último miércoles, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Kurt Burneo, indicó que no se procederá con la devolución de aportes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) hasta que primero salga la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el tema.
“Está impugnado en el Tribunal Constitucional. Debemos esperar la sentencia del Tribunal Constitucional para finalmente proceder(con la devolución); esa es la idea.”, señaló Burneo en el marco de la CADE Ejecutivos 2022.
Esta respuesta la dio el ministro ante una consulta de La República sobre si ya se tenía previsto el presupuesto para este fin, ya que el viernes 11 de noviembre la Comisión Ad Hoc aprobaría el plan operativo de la devolución de aportes a los fonavistas.
Desde la Asociación Federación Nacional de Fonavistas (Fenafp) expresaron su rechazo a las declaraciones del ministro. “Primero me pregunto qué tiene que ver el ministro con la Comisión ad hoc. Entonces, yo debo suponer que los tres miembros del MEF que están en la comisión vienen con esa directiva, y su participación ahí es dilatoria (…). Para ellos todo es ‘no se puede’, en concordancia con lo que el ministro dice, en buena cuenta lo que buscan es alargar el proceso hasta el que tribunal se pronuncie”, manifestó el presidente del gremio, Luis Luzuriaga, a este diario.
¿Qué debe resolver el TC sobre la ley de Fonavi?
En el 2021, el gobierno de Francisco Sagasti presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la Ley 31173, que dispone la devolución total de los aportes del Fonavi. Esta fue secundada este año por la actual gestión de Pedro Castillo, que a través de su procurador solicitó al TC que se añada, por conexidad, la nueva Ley 31454.
En concreto, la demanda del Ejecutivo busca que el TC ordene que se devuelvan solo los aportes de los trabajadores, sin contar con el de los empleadores, lo que reduciría el monto de la deuda con los fonavistas de S/ 42.000 millones a solo S/ 6.000 millones.
En setiembre pasado, Burneo mismo había expresado sobre este tema que “hay derechos generados por la ley que deben ser cumplidos”. Sin embargo, enfatizó que se aplicaría una gradualidad en base con la disponibilidad fiscal.
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